La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha recriminado este martes a la Administración del Estado el incumplimiento del anuncio relativo a una transferencia por un monto de 1,6 millones de euros a Andalucía, específicamente para la atención de los 30 menores procedentes de Ceuta.
Esto, según lo reseña Europa Press, lo ha hecho a la par del anuncio de que el Gobierno andaluz destina 30 millones de euros para la atención de casi 600 menores inmigrantes que llegaron supuestamente como adultos.
Haciendo referencia a los menores inmigrantes presentes en Ceuta, España ha recordado lo que se acordó distribuir entre las comunidades autónomas para su atención.
"Han llegado ya los 30, pero, sin embargo, los 1,6 millones de euros correspondientes a esos menores, eso no ha llegado, por lo menos hasta el viernes", se ha quejado.
La portavoz del Gobierno andaluz dicho que "nadie puede cuestionar la solidaridad del pueblo andaluz, de este gobierno”, insistiendo que en el caso de la atención a los menores inmigrantes "estamos trabajando, arrimando el hombro sin información, sin coordinación, sin financiación", al tiempo de reclamar "una política congruente, equilibrada y que ponga encima de la mesa los recursos necesarios".
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, España ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha pronunciado sobre la posición de Andalucía ante el abordaje de la migración en la Conferencia de Presidentes que se estará llevando a cabo este viernes en Santander.
Al respecto, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz ha dejado saber el coste que implica para las arcas autonómicas para demandar "una política migratoria que sea congruente y que dote económicamente a las comunidades autónomas".
Sobre la situación que atraviesa Andalucía, España ha sido clara al recalcado que "todavía estamos con que el Gobierno sigue sin reconocer los 559 menores migrantes que han llegado como adultos".
A lo que ha señalado que "estamos hablando de 30 millones de euros al año que nos cuesta esta situación", señalaron además que "entraron como si fueran adultos, pero son menores", al tiempo de afirmar que "debería financiarlo el Gobierno de España".
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