Ceuta, un ejemplo frente a la “puerta de atrás”
Respecto al reciente traslado de 27 menores desde Ceuta a Andalucía, López ha subrayado que “en este caso la situación ha sido organizada, planificada y trabajada con el Ejecutivo ceutí en virtud al acuerdo firmado entre ambos Gobiernos”. En contraposición, ha remarcado que “Ceuta actuó como actuamos las comunidades autónomas, con sentido: llamó y nos preguntó a cuántos niños podíamos atender en base al convenio que tenemos”. Para la consejera, “ese es el ejemplo más claro de que queremos seguir siendo solidarios”.
Por otro lado, López ha denunciado que “el Gobierno de España ha trasladado ya a Andalucía, por la puerta de atrás, 634 niños bajo la apariencia de mayoría de edad. Informado esto por la Fiscalía”. Sobre ello, ha afirmado que “cuando alguien dice que Cataluña tiene más migración o que el País Vasco es frontera norte y Andalucía no es frontera sur, lo que nos queda claro es que el interés de Sánchez no es el del menor”.
Además, la titular andaluza ha denunciado que “lo que está haciendo el Gobierno de España con la migración, de la que no quiere saber nada y sobre la que no aplica sus competencias, es un hecho xenófobo”. En este sentido, ha insistido: “Combato los comentarios xenófobos pero también los hechos xenófobos”.
Repartos cuestionados y vía judicial
La Junta de Andalucía considera que el Ejecutivo central “reventó unilateralmente” el acuerdo de 2022 suscrito por todas las comunidades autónomas en materia de migración y menores, para “seguir en el sillón”. López ha señalado que “Cataluña exigió que ellos migrantes, ninguno; lo mismo que el País Vasco”, lo que contrasta con la “solidaridad” mostrada por Andalucía.
En junio pasado, el Consejo de Gobierno autorizó al Gabinete Jurídico para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que regula la atención a menores migrantes en situación de contingencia. La Junta defiende que esta norma “extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores”, además de “vulnerar los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos”.
La consejera también ha puesto en duda la “suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades por la sobreocupación” y ha criticado que, aunque se crea un fondo, “no se regula”, lo que genera “una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española”.