Según los medios, el Gobierno y Ezquerra de Cataluña (ERC), han alcanzado un preacuerdo, por el que se reconoce la “independencia fiscal” de Cataluña, asociada luego a un referéndum que les conduzca a la plena independencia, comenzando por la exigencia del reconocimiento de su propia “singularidad” o “hecho diferencial” de los catalanes, que nadie sabe en qué consiste.
Con anterioridad a esa independencia fiscal, la aportación de Cataluña al sostenimiento de los servicios básicos de otras Autonomías, se ha reducido en un 14 % desde 2018, lo que equivale a una caída de 200 millones de euros menos que ya han dejado de aportar; mientras que Madrid ha aumentado su aportación en 1.000 millones. Y como ya tiene su propia caja que gestionar por su cuenta y con su propio control interventor, el negocio así perfilado de la independencia fiscal, parece que sería ahora un negocio redondo: sus arcas llenas con fondos del Estado y propios que, además, exige que unos y otros vayan destinados sólo a Cataluña, de forma exclusiva y excluyente.
Necesariamente, eso llevaría aparejado que las Comunidades pobres, fueran más pobres todavía, mientras que la más rica y más privilegiada (Cataluña), aún vendría a mejor fortuna; lo que equivaldría a implantar un sistema, no solo injusto, sino rayano con el latrocinio, ya que reduciría drásticamente las percepciones de las Autonomías menos favorecidas, mientras que su independencia fiscal llenaría sus propias arcas.
"Pero, a mi modesto juicio, lo así pre acordado, sería toda una aberración jurídica y económica fraguada en base a una concesión hecha indebidamente por una sola persona"
Ello significaría que, así como en 2017 los independentistas catalanes fracasaron en su intento de golpe de estado por no disponer de fondos propios, pues ahora que ya Cataluña goza de plena independencia fiscal, habría acumulado tal volumen que podría dedicar a ejecutar aquel ansiado trabajo que durante el “procés” les quedó pendiente de realizar por carecer entonces de los recursos económicos propios con los que ahora ya contaría, para dedicarse a terminar aquel “trabajo” que desde entonces tiene pendiente, dado también que casi a diario no han dejado de chantajearnos con su tan cacareado “lo volveremos a hacer”.
Pero, a mi modesto juicio, lo así pre acordado, sería toda una aberración jurídica y económica fraguada en base a una concesión hecha indebidamente por una sola persona, que para nada figuraba en el programa de su partido, que se ha pre acordado a espaldas del Parlamento español y que se ha firmado secretamente en Waterloo por un prófugo de la justicia que huyó de España escondido en el maletero de un coche y un “mediador” internacional impuesto, para mayor indignidad.
Y todo, por ese empeño enfermizo de querer hacer ver que Cataluña es lo que no es, ni que nunca ha sido: Que si Cataluña es nación, que si estado, que si soberanía, que si la plurinacionalidad de España, que si nación de naciones, que si un estado confederal, etc; cuando la historia no se puede reescribir de forma distinta a lo que simplemente fue: “la sucesión de hechos acaecidos”; pero los hechos “no acaecidos”, esos, nunca han existido, ni jamás pueden ser ni hechos, ni historia, salvo en la quijotesca ambición de ser lo que jamás se fue. Y es que, los secesionistas no paran de tensionar la vida política, económica y social de España. Y, por si todavía fuera poco, ahora nos quieren imponer la “independencia fiscal” de Cataluña, como penúltima estación de la “singularidad” que empezaron pidiendo, por lo que ellos llaman su “hecho diferencial”, que nadie sabe en qué consiste, ni a qué etnia pertenecen.
Más esa concesión de independencia fiscal, no se ha hecho ni por el bien de España y los españoles, ni por razones de interés general o que lo aconsejen la racionalidad y el sentido común. Se ha hecho con el único interés de beneficiar a dos personas: una, la que ha obtenido en su investidura siete votos para echar a andar la presente legislatura, a fin de poder continuar en el poder, pese a no haber sido el partido más votado en los comicios celebrados. Y la otra persona favorecida ha sido el propio prófugo de la justicia, que lleva siete años pregonando por Europa que si España les roba, que si es una dictadura, que si el “sursuncorda”. Y España y los españoles no estamos ni para que se nos levanten “muros” que nos dividan y separen entre buenos y malos, como hace poco se dijo. Los españoles lo que más necesitamos, es poder vivir todos unidos, en paz, en prosperidad y en sólida cohesión, sin que nos enreden algunos charlatanes de barrio que son capaces de vender a la vez una cosa y la contraria.
"Y siendo tan respetuoso con la ley, sólo puedo calificar esa otra 'independencia fiscal' sino como ignorancia supina de las partes pre contratantes"
Esa “independencia fiscal” ahora prefabricada, creo que sólo sembraría agravios entre Comunidades y conllevaría que las Autonomías que ya son pobres, fueran más pobres todavía; mientras que la más rica (Cataluña), aún sería mucho más rica, con el consiguiente beneficio abusivo que le reportaría esa independencia fiscal que ella sola se ha auto concedido, sin tener en cuenta que los catalanes ya son los más ricos y privilegiados y que nuestro sistema tributario es “progresivo”: quien más gana, más paga.
Pienso, que ese cambio de sistema que Cataluña pretende imponernos, no podría llevarse a cabo con la ligereza que tan irresponsablemente las dos partes del pre acuerdo han demostrado tener. En primer lugar, porque previamente necesitaría de una normativa con rango Ley Orgánica, una especie de LOFCA, y de otras leyes del mismo rango, para que no vulneren la Constitución, pero no por la puerta de atrás como se pretende, sino legítimamente, como en derecho y en justicia procede.
Nunca he sido político y, en mi condición de jurista, que en mis doce últimos años de activo dediqué a impartir justicia económico-administrativa presidiendo dos Tribunales de tal naturaleza, es seguro que alguna vez cometería errores, como razonablemente nos es admisible en todos los humanos; pero siempre procuré ajustar mis resoluciones conforme a criterios de independencia, neutralidad e imparcialidad objetiva, cuya independencia tuve atribuidas por ley. Y siendo tan respetuoso con la ley, sólo puedo calificar esa otra “independencia fiscal” sino como ignorancia supina de las partes pre contratantes, habida cuenta de que se atentaría frontalmente contra los principios constitucionales de “igualdad” y de “solidaridad” que la Constitución garantiza.
Con el preacuerdo sobre la “independencia fiscal”, creo que se han vulnerado gravemente la Constitución y las leyes. Sacar a Cataluña del “régimen común”, para entrarla a martillazos en el “régimen foral”, o de “cupo”, o de “concierto”, que en realidad parece ser lo que se persigue, sólo porque dos personas así lo han decidido secretamente y con total oscurantismo que sólo ellos lo conocen, creo que sería de todo punto ilegal e injusto, y podría producir los siguientes efectos:
Primero. Se rompería la “unidad de caja común”, cuya llave se entregaría a los mismos separatistas que, ya en 2017, intentaron dar aquel golpe por la fuerza, declarando su independencia unilateral, que fracasó precisamente por carecer de medios económicos; porque ellos querían separarse de España, pero, que su secesión se la costeara la misma España que dicen les roba. Y, tras esa independencia “fiscal”, ya en el preacuerdo parecen incluirse un presunto referéndum a celebrar, para independizarse definitivamente, con la mayor capacidad de gasto que ahora esa independencia fiscal sí les daría.
Segundo. Con su independencia fiscal, la Hacienda catalana gestionaría, liquidaría, inspeccionaría y recaudaría, como propios, todos y cada uno de los tributos que se devengaran dentro de Cataluña, incluidos los del Estado que, además, exigen, insolidariamente, que todo lo recaudado sólo podría ir destinado a su territorio, para lo que sólo ellos tuvieran la llave de la caja, mientras que, para las demás Autonomías menguaría la “caja única”, porque Cataluña saldría así del llamado “régimen común”, y se integraría en el llamado “concierto”, o “cupo”. Y, al salirse Cataluña de la “caja común”, si se detrae de ella lo que ahora ingresa, está perfectamente claro que menguarían los ingresos comunes, mientras que ella podría seguir nutriéndose de los ingresos del Estado.
"Con la Constitución en la mano, las pretensiones del preacuerdo, serían jurídicamente inviables, en virtud de la normativa siguiente"
Tercero. La Agencia Tributaria catalana recaudaría allí todos los tributos con los propios funcionarios que ya tiene a su servicio. Pero, ¿qué harían con los miles de funcionarios de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña y de más funcionarios del Estado allí destinados?. Porque el referido preacuerdo, no puede ser más opaco. ¿Por qué tan misterioso secretismo sobre algo tan transcendental para todos los españoles?
Cuarto. Con la Constitución en la mano, las pretensiones del preacuerdo, serían jurídicamente inviables, en virtud de la normativa siguiente, que invoco: Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la “igualdad” del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Artículo 14: “Los españoles son ‘iguales’ ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad”. Nuestro sistema tributario es “progresivo”, y eso significa que los obligados tributarios deben pagar más, quienes más rentas perciban, porque quienes contribuyen son los ciudadanos, no los territorios. Artículo 138, garantiza le realización efectiva del principio de “solidaridad” consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y, continúa, que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". Y el principio de “solidaridad” exige un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, en el que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Autónomas "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". Artículo 156: Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de “solidaridad” entre todos los españoles.
Las Sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC) 67/1989, de 18 de abril Fundamento (F) 1; 269/1994, de 3 de octubre, F. 5; 33/2000, de 3 de febrero, F. 4; y 13/2007, de 18 de febrero, F. 4, declaran: «No existe un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos existentes de conformidad con el sistema aplicable en cada momento se reparta entre ellas respetando los principios de “solidaridad” y coordinación, razón por la cual «no puede pretender cada Comunidad Autónoma para la determinación del porcentaje de participación que sobre aquellos ingresos le pueda corresponder la aplicación de aquel criterio que sea más favorable en cada momento a sus intereses (SSTC 13/2007, de 18 de enero, F. 5; 58/2007, de 14 de marzo F. 3) y 238/2007 de 21 de noviembre.
"Creo que la responsabilidad, racionalidad, seriedad y rigor, con que deben gestionarse y administrarse los tributos, para nada consisten en beneficiar graciosamente a unos para perjudicar a otros"
De lo anterior, no cabe sino concluir que la mejora o privilegios que Cataluña reclama, como también su “singularidad” y financiación bilateral, como si de Estado a estado negociaran, serían de todo punto ilegales e ilegítimos, pese a que quien ha concedido esa independencia presuma de lo contrario y de ser tan “feliz”, porque resuelve “su” problema de aferrarse al poder.
El artículo 138.2 CE señala un límite al poder financiero de las comunidades autónomas, íntimamente conectado con el principio de “solidaridad” y que el principio de neutralidad se ocupa de las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas, que “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Y el artículo 138: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de “solidaridad” consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
Creo que la responsabilidad, racionalidad, seriedad y rigor, con que deben gestionarse y administrarse los tributos, para nada consisten en beneficiar graciosamente a unos para perjudicar a otros. Con las “cosas de comer”, no se puede jugar, porque puede hacer regurgitar los estómagos; como ya estamos viendo en estos días con el malestar creado y la polémica suscitada, incluso entre los mismos compañeros de la parte que dice sentirse tan “feliz”. Como más se ayuda al pueblo que se gobierna, es tomando decisiones serias y justas, sin favorecer ni privilegiar a grupos separatistas, cuya única finalidad es romper España. Y a la dignidad de cualquier gobernante que se precie, le debería repugnar eso de romper la indisoluble unidad fiscal de su nación. Es mi humilde opinión que respetuosamente y en conciencia expongo. Allá cada uno luego.
