Moumoune, menor de 16 años nacido en Costa de Marfil, fallecido en una de las redadas.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha calificado de "crueles e ilegales" las redadas llevadas a cabo por las autoridades marroquíes contra los emigrantes clandestinos en el norte del país y sus traslados masivos hacia el sur.
"Esta impactante represión contra los emigrantes y refugiados (...) supone un retroceso preocupante para un gobierno que en 2013 introdujo una nueva política de asilo y migración para que el país cumpla con los estándares internacionales", deploró Heba Morayef, directora regional de AI para Oriente Medio y Norte de África.
Desde finales de julio pasado, los efectivos marroquíes de la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares llevaron a cabo redadas en los barrios donde viven los emigrantes y refugiados.
Las campañas policiales se centraron en las ciudades del norte en Tánger, Tetuán y Nador, cercanas a las costas españolas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En estos traslados masivos, los emigrantes suelen ser conducidos en autobuses del norte de Marruecos hacia zonas remotas en el sur del país en Errachidia, Tiznit, Benguerir, Beni Melal o Marrakech. Recientemente dos jóvenes fallecieron en uno de esos traslados.
"Las autoridades marroquíes deben poner fin de inmediato a estas redadas discriminatorias y respetar el compromiso que asumió en los últimos cinco años de respetar los derechos de los migrantes", insistió Morayet.
Amnistía Internacional denunció que el pasado 31 de agosto los servicios de seguridad marroquíes arrestaron "de forma arbitraria" a unos 150 emigrantes subsaharianos que iban a comenzar una protesta frente al consulado de España en Tánger.
La ONG lamentó que la policía marroquí no consultara la documentación de estas personas, y que les llevaron a la comisaría donde les detuvieron durante horas "antes de obligarles a subir en los autobuses mientras tenían sus manos esposadas".
El ministro portavoz de Gobierno, Mustafa Jalfi, dijo hoy que los traslados han afectado a entre 1.500 y 1.800 personas en Tánger, y subrayó que estas operaciones "se realizan bajo garantías legales" y tienen como objetivo alejar a los emigrantes de las redes de tráfico de personas concentradas en el norte del país magrebí.
Por otra parte, Amnistía Internacional denunció la expulsión el pasado 23 de agosto de 113 emigrantes subsaharianos por parte de las autoridades españolas hacia Marruecos. La expulsión se produjo un día después de que estos emigrantes lograsen entrar en la ciudad de Ceuta.
"A pesar de la aparición de un procedimiento de devolución, las autoridades españolas claramente no respetaron las garantías fundamentales", señaló Morayet.
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