García Ortiz: "Los fiscales en España no son soldados"

El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha dibujado este viernes en las XII Jornadas Jurídicas de Ceuta ‘Una visión de futuro del Ministerio Fiscal’, el título de su ponencia, en la que ha defendido el modelo de Ministerio Público español, “autónomo” aunque a su máximo responsable lo nombre el Gobierno central y jerarquizado (con garantías) pero no “independiente” para mantener una unidad de acción, y ha reclamado más margen de maniobra “presupuestaria, normativa u organizativa”.

El jurista salmantino ha huido del academicismo y se ha remontado hasta la Transición para enmarcar el modelo de Ministerio Fiscal español continuista con la dictadura, algo que generó una “desconfianza” tras décadas de sumisión al régimen que “lo estropea todo”.

“El Constituyente se fue a un modelo de autonomía y separado del Ejecutivo, pero con algunas cuestiones que arrastra nuestra historia como que al Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno de la Nación”, ha resumido un esquema que ha considerado “respetable” y en el que se configuró un “contrapeso” como la acción popular.

Presentado por la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, y ante los integrantes de la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma encabezados por su jefa actual, Silvia Rojas, García ha reconocido que el hecho de ser nombrado por el Gobierno es una “tacha”, una “mácula”, aunque “todos los países del mundo” tienen el mismo modelo.

“Tiene todo el sentido del mundo que quien va a decidir el ejercicio de la acción penal sea coincidente con el Gobierno de la Nación, que tiene la legitimidad de las urnas”, ha añadido.

“Lo más importante no es quién nombra, sino que no haya injerencias a la hora de actuar en un asunto determinado: nombramiento con mecanismos de inatacabilidad, que me gusta más que independencia, pues ninguno lo somos del todo”, ha advertido. “En nuestro ordenamiento está vedado que el Gobierno dé órdenes a la Fiscalía, es impensable”, ha dejado claro.

García también ha avalado el modelo de organización jerárquica del Ministerio Público como garantía de aplicación de criterios iguales en toda España, aunque ha dejado claro que “yo no he dado nunca una orden particular y si la diera sería razonadamente”.

“Los fiscales en este país no son soldados mandados por una especie de emperador romano: son altísimos profesionales con capacidad jurídica y de análisis de la realidad que ejercen sus funciones dentro de la excelencia, por eso es tan nocivo verlo de otra manera”, se ha referido a los ataques políticos y mediáticos que ha recibido su figura o la de su antecesora, que según ha dicho no perjudican tanto a la persona como “al Estado de Derecho”.

A ojos del fiscal general del Estado es perfectamente lógico que sean los fiscales los que se hagan con el timón de las investigaciones, ya que “la Constitución establece que los jueces deben juzgar y hacer cumplir lo juzgado”, así como ejercer por velar por el respeto a los derechos fundamentales.

“El Ministerio Fiscal debe ser absolutamente autónomo del resto de los poderes”, ha defendido con “convicción” García Ortiz, que ha lamentado la dependencia económica del Ministerio de Justicia. “Tenemos que ganar autonomía presupuestaria y organizativa”, ha reseñado tras apreciar que también hace falta avanzar en credibilidad ante la ciudadanía. “Igualmente nos gustaría tener autonomía normativa sobre cómo discutimos y llegamos a conclusiones, toda nuestra estructura de funcionamiento”, ha apreciado antes de reiterar que no tiene sentido hablar de “independencia” en un colectivo con miles de miembros que debe tener “una voz única”.

García ha terminado su exposición aludiendo a la creación, hace cuatro años, de la Fiscalía Europea, que “sí investiga e instruye con un juez puro de garantías” sobre el ejercicio de la acción acusatoria. “Ya estamos conviviendo con dos modelos procesales, con y sin investigación del fiscal, y no ha pasado nada, no se ha caído el país”, ha hecho hincapié el fiscal general del Estado.

Además, ha abogado por un “Pacto de Estado por la Justicia” y por que los jueces también se “sientan cómodos” en el modelo hacia el que quiere avanzar el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.