El portavoz del primer grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali, visitó ayer el Área de Contratación de la Ciudad Autónoma para interesarse por el estado del expediente de modificación del contrato de limpieza pública viaria adjudicado hace casi dos años a Trace, concesión que el Gobierno de Ceuta desea retocar ahora para incrementar el número de servicios y jornadas a realizar a cambio de pagarle un 8% más a la empresa.
Lo que se encontró en las dependencias municipales fue “la prueba de que el Ejecutivo de Vivas ha mentido al Pleno, a la plantilla y a toda Ceuta”.
El documento que, a juicio del portavoz de Caballas, avala tal aseveración es el escrito rubricado por el consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, el pasado 26 de diciembre, “cuatro días después de que el Gobierno presentase a la Corporación para su debate en Pleno lo que se suponía que era un expediente ‘iniciado pero no terminado’, según el consejero de Hacienda y la propia secretaria general de la Asamblea”.
En su escrito, García Castañeda “solicita” a Carreira “la apertura de un expediente para la modificación del contrato” en base al informe del director técnico del servicio, que estima que “como consecuencia directa derivada de las nuevas circunstancias y de las modificaciones a realizar tanto en el Plan de Servicios como en las normas de trabajo, rendimientos, sectorización, etcétera, la estructura y composición de los servicios de mejora, deviene obsoleta y conviene reconvertirlas ya que de lo que se trata es de reforzar el servicio”.
“Ahora nos enteramos”, denunció Ali en declaraciones a este periódico, “que el Gobierno llevó al Pleno una intención que ni siquiera había materializado en un inicio de expediente mientras se han ido haciendo anuncios a la plantilla y a la ciudadanía en general para, engañándoles, prometer una inmediata mejora del servicio”.
El localista insistió en que “lo que tiene que hacer el Gobierno de la Ciudad es analizar los Pliegos de la concesión, señalar los errores cometidos, en su caso, y depurar responsabilidades tanto sobre ese posible fallo como sobre el desempeño de Trace en el ejercicio de sus obligaciones, que por la nefasta gestión del PP ha derivado en una ciudad más sucia que nunca”.
Pendientes del dictamen de la secretaria general
El Pleno de la Asamblea aprobó el pasado 22 de septiembre con los únicos votos a favor del PP proceder a la modificación del contrato de Trace para pasar a pagarle cerca de 1,4 millones de euros más al año (de 11,5 a 12,8 millones en 2015). En contraprestación, el número total de servicios pasará de 48.423 a 53.244 y el de jornadas laborales, de casi 66.000 a 76.741, un 12% más "que alcanzará el 16,3% con la inclusión del Plan de Servicio de Mejora. La materialización de esta voluntad quedó sometida al informe que, sobre su legalidad, deberá emitir la secretaria general, del que dependerá que prospere o no.
