La Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (EMVICESA) ha encarado el proceso de venta individual de las 45 viviendas protegidas de la promoción pública de alquiler para jóvenes de Serrano Orive que se entregó en 2010 con recelos sobre al menos un tercio de su verdadera ocupación.
Cuatro años después de la entrega de llaves, la relación de incidencias con la que trabaja la Asamblea, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, cuestiona que una veintena de los ocupantes vivan realmente en las casas que recibieron a cambio de menos de 200 euros de renta al mes.
En más de diez casos, siempre según la mencionada documentación de la Administración local, sus titulares están empadronados en otras viviendas, situadas tanto en la ciudad autónoma como en la Península. Sobre una docena de pisos, no siempre coincidentes con los anteriores, hay una alerta porque su consumo mensual de agua caliente es casi nulo o en cualquier caso no coherente con la media que gasta una familia de similares dimensiones a las que ocupan esas casas, con uno o dos dormitorios.
Durante las visitas realizadas por técnicos del Servicio de Inspección de Vivienda Municipal de Ceuta (SIVIMCE) tampoco se localizó a más de una decena de supuestos residentes.
El verano pasado, en declaraciones a este periódico, la viceconsejera de Fomento, Carolina Pérez, reconoció que la Inspección municipal había detectado “pocos casos y puntuales” de presunto fraude en Serrano Orive que dio por aclarados satisfactoriamente alegando que “sus adjudicatarios demostraron que no las ocupaban porque se encontraban estudiando fuera de la ciudad”. “Es decir, no se ha dado la picaresca de realquilarlas”, argumentó.
Emvicesa quiere ahora de nuevo deshacerse de toda la promoción (en 2012 intentó hacerlo en bloque) y, por esa vía, ingresar unos 2,4 millones de euros (a razón de un precio máximo para la inmensa mayoría de las viviendas que no llega a 52.700 euros), casi el doble de la cuantía de la hipoteca que queda por devolver.
Requisitos y control
Entre los requisitos estipulados para la enajenación de las viviendas se encuentra que sus posibles compradores puedan “acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, 532,5 euros mensuales)” y demostrar “no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni sobre una vivienda libre en Ceuta”.
Además, se exige “no haber obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de Planes Estatales de Vivienda durante los diez años anteriores a la compra de la vivienda”.
Aquellos compradores que sean, en el momento en el que pueda formalizarse la compraventa, inquilinos de las mismas, “podrán acreditar que cumplían dichos requisitos en la fecha de la firma del correspondiente contrato de alquiler”.
Caballas también ha reclamado públicamente al Gobierno local que permita a los inquilinos sin financiación bancaria para acometer la compra poder quedarse en las viviendas hasta que la consigan. Además, la coalición localista quiere que la Administración se asegure de que la enajenación se formaliza con jóvenes que no dispongan de otra vivienda “para no destruir el objeto social de la promoción y permitir que alguien financie la compra de otra casa alquilando la que se le ha concedido desde el ámbito de lo público”.
Decidido a atajar “el fraude en la gestión de las viviendas protegidas” y, singularmente, “el enriquecimiento ilícito” de los adjudicatarios que las alquilan, el Gobierno que preside Juan Vivas se comprometió en enero del año pasado a usar con ese fin “todos los recursos informáticos posibles” y “la cooperación de los organismos oficiales que dispongan de información al respecto”.
A ese objetivo sirve también la Unidad de control e inspección de viviendas protegidas o con protección pública de Emvicesa, que tiene como propósitos concretos os de “verificar la ocupación de las viviendas [garajes, locales y trasteros] conforme a la calificación definitiva y la adjudicación; detectar irregularidades de uso e infracciones de la normativa aplicable a dichas viviendas que deban ser corregidas y reducir la morosidad”.
Las claves
Entrega
Las llaves, en 2010
Emvicesa firmó en enero de 2010 los primeros contratos con los adjudicatarios de las 45 casas públicas de alquiler para jóvenes de Serrano Orive, que las ocuparon a cambio de una renta mensual inferior a 200 euros. Los contratos preveían prórrogas del arrendamiento de hasta diez años y opciones de compra que generarían a la Ciudad ingresos para acometer otras promociones, avanzó el Ejecutivo de Vivas.
Enajenación
Venta global fallida
Hace casi dos años, en abril de 2012, Emvicesa anunció que iniciaba la licitación para la enajenación global de la promoción de 45 viviendas de Serrano Orive con el compromiso de que ese procedimiento no alteraría “ni los derechos ni las obligaciones de los adjudicatarios”. Entonces el bloque se quería vender por 1,6 millones junto al inmueble situado en el número 4 de la calle González de la Vega.
Blindaje
Cláusula de protección
Tras las protestas de los ocupantes de la promoción se incluyó una cláusula exigiendo “la obligación de mantener a los adjudicatarios originales en régimen de arrendamiento durante los años que dura la protección del inmueble”. Al final ninguna empresa adquirió el bloque.
“Voluntad: no renovar el contrato”
El consejero delegado de EMVICESA, Antonio López, remitió a finales del pasado mes de febrero una remesa de cartas a adjudicatarios en régimen de alquiler de las viviendas de la promoción pública para jóvenes de Serrano Orive para comunicar “formalmente” que la “voluntad” de la Empresa Municipal es “no renovar el contrato” con los beneficiarios y avanzarles que “cumplido el quinto año de prórroga, el arrendamiento quedará extinguido”.
La sociedad municipal, “propietaria de la promoción de 45 casas”, explica en esas cartas que ha solicitado a la Viceconsejería competente, la que ocupa el propio López, “el cambio de régimen de cesión previsto en calificación definitiva de dicha promoción del arrendamiento a la venta” y argumenta que está en pleno proceso de ejecutar “las actuaciones previas necesarias para la división de la finca y del préstamo convenido otorgado al promotor”. Cuando esos pasos estén “cumplimentados” se procederá a “iniciar el proceso de venta”.
Los contratos de los adjudicatarios de las casas establecían que su duración sería “de un año, prorrogable obligatoriamente por plazos anuales hasta un mínimo de cinco”. Para cancelar la renovación de los alquileres y promocionar la venta de las viviendas se apela a la Ley de Arrendamientos urbanos.
La promoción de Serrano Orive tiene una superficie útil de viviendas cercana a 2.000 metros cuadrados. Su recalificación no afectará al préstamo convenido otorgado pero sí supondrá la “cancelación” de la subsidiación del mismo.
Los precios máximos de venta “serán el resultado de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el módulo básico estatal [758 euros] por 1,56 y por 1,10”. Es decir, los precios que no podrán superarse en la enajenación van desde 76.300 euros (solamente hay cuatro casas de tipo A y 58,6 metros cuadrados de superficie útil) hasta 72.159 euros (las cinco viviendas de tipo H y 40,20 metros cuadrados). La inmensa mayoría se encuentran en un arco de precios máximos que no supera los 52.700 euros.
Entre otros requisitos, para acceder a la compra habrá que acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM y no tener otra vivienda pública o libre “en Ceuta”.
