Los datos evidencian un aumento progresivo de agresiones a guardias civiles y policías nacionales desde el año 2019.
No son cifras inventadas por las asociaciones o sindicatos, son las cifras oficiales facilitados por el Gobierno.
En 2024, se contabilizaron 16.878 agresiones, un 0,26% más que el año anterior y este 2025 se superará esta cifra. En 2022, se contabilizaron 16.651, un 1,09% menos que en 2023, pero un 8,14% más que en 2021 (15.397).
Siguiendo en esta línea, en 2020 fueron 13.671 atentados hacia agentes de la autoridad, un 12,62% menos que en su año posterior. La cifra más baja la reseña 2019, con 13.127, unas 1.093 agresiones al mes.
Unos datos que indican que algo está fallando en el sistema y, sin lugar a dudas, se ha perdido el respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Las causas de este aumento deben ser un motivo de estudio por parte del Ministerio del Interior para encontrar el origen y, a partir de esta premisa, poner los mecanismos necesarios para que los policías y guardias civiles trabajen en unas mejores condiciones de seguridad.
Se pueden valorar motivos variopintos, porque unos dicen que pegar a un guardia civil sale casi gratis; otros apuntan al aumento del consumo de drogas y alcohol. Desconozco el motivo, pero la situación debe abordarse con el rigor que requiere esta situación de indefensión en la que nos encontramos.
El pasado 11 de mayo fue detenido un subsahariano por un presunto delito de atentado a un guardia civil cuando intentaba entrar a Ceuta saltando la valla del perímetro fronterizo, ingresando en la cárcel de Mendizábal.
Un mes más tarde, la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó al subsahariano por un delito de atentado y otro leve de lesiones. La pena aceptada de conformidad fue de 2 años de cárcel por atentado, que queda suspendida durante un periodo de tres años y el abono de un mes de multa con cuota diaria de 5 euros, es decir 150 euros por el delito leve de lesiones.
Esa es la condena y cada uno debe sacar sus conclusiones, pero en el caso que nos ocupa, “inmigrante que intenta pasar a Ceuta”, como representante de los guardias civiles y como guardia civil me preocupa y tenemos motivos suficientes para preocuparnos.
Se trata de un inmigrante irregular que si saltara pacíficamente la valla se devolvería a Marruecos como indica la legislación vigente, pero si agrede a un guardia civil ingresa un mes en prisión y se queda en nuestro país al ser puesto a disposición judicial. Esta es la situación y no un invento mío. Ese es el mensaje que reciben los inmigrantes que están al otro lado de la valla.
Pero abundando más en la cuestión, se trata de personas que salen de sus países por distintas causas pasando calamidades de todo tipo, situaciones injustas e impensables para los que estamos al otro lado de la valla.
Una valla que es el último obstáculo al que se enfrentan y, en ese último momento, pueden elegir volver a Marruecos cuando son interceptados o agredir a un guardia civil y conseguir el objetivo de llegar a España. Perdonen por la redundancia, pero era importante ponernos en el contexto.
Desconocemos qué medida adicional está tomando el Ministerio del Interior y si esa medida “adicional” es la expulsión del país. Una resolución que deberían conocer los que están al otro lado de la valla para que el mensaje no alimente las agresiones a guardias civiles y también debería ser un mensaje tranquilizador para los guardias civiles, porque sería muy gratificante y tranquilizador saber que el Gobierno se preocupa en proteger a los que se juegan el físico y la vida por resguardar nuestras fronteras.
En definitiva y perdonen la reflexión si me equivoco, pero pegar a un guardia civil no debería tener premio.
Tiene premio. A algunos los hacen hasta guardias civiles y todo." Entre en España de cualquier forma y a cualquier precio y hágase guardia civil", como en el Carrefour.