El director territorial de Ingesa, Fernando Pérez Padilla, advirtió ayer de que el conflicto con las ambulancias puede pasar de ser un conflicto colectivo a los juzgados. En declaraciones a los periodistas indicó que Ingesa “no va a entrar en el funcionamiento de la empresa, pero se han pedido informes jurídicos. Vamos a cortar de raíz este problema muy grave que, gracias a la profesionalidad de los trabajadores, no ha afectado al servicio pese a las demoras en los pagos de los salarios y a que no parece existir ni garantía de que se produzcan”, puntualizó.
Igual de contundente fue el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, que ayer recalcaba la imposibilidad de que la administración se meta en los incumplimientos de una empresa, pero sí afirmaba que “si el impacto del impago a los trabajadores repercute en el servicio se tomarán medidas. De hecho ya las estamos tomando para evaluar con los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, incluido el Abogado del Estado, si esto llegara a excederse de lo que el contrato tiene marcado, su rescisión con esta empresa”.
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