Madrugada del 30 de agosto de 2019. Más de 150 subsaharianos consiguen cruzar a Ceuta a través del espigón de Benzú. El puesto de control fronterizo quedó completamente destrozado y al menos 11 guardias civiles resultaron heridos.
Ahora, seis años después de aquello, el Juzgado de lo Penal número 2 ha dictado un auto con el que considera extinguida la responsabilidad criminal del acusado I.B.
Un súbdito argelino para quien la Fiscalía había pedido más de diez años de prisión y a quien se consideró único responsable de las agresiones sufridas por todos los efectivos del Instituto Armado.
En dicha resolución judicial, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se indica que, tras el tiempo transcurrido sin actividad procesal relevante, se ha apreciado la prescripción del delito como causa de extinción de la responsabilidad criminal.
“Habida cuenta de los delitos imputados, la pena que les corresponde y el tiempo en que el procedimiento ha permanecido paralizado, toda vez que se decretó su detención sin ser habido, procede declarar la prescripción y, por tanto, la extinción de responsabilidad criminal”, recoge su señoría.
Se ha cesado la busca y captura, dictándose el archivo de las actuaciones. La defensa de quien fue señalado como promotor de ese pase masivo y artífice de la posterior algarada la ha ejercido la letrada Inmaculada Guil, quien considera que con esa prescripción se ha hecho justicia, ya que era imposible que una persona sola, en este caso su cliente, pudiera lesionar a tantos guardias civiles.
I.B. fue el único detenido tras esa entrada masiva. Fiscalía solicitó en una calificación inicial emitida en el año 2020 que fuera condenado por las lesiones causadas a los guardias civiles.
Para Guil, además de con una sentencia absolutoria, también se puede hacer justicia con un auto de prescripción de la pena, como ha sucedido en este caso.
Mantiene que hubiera sido injusto que su cliente asumiera las lesiones sufridas por todos los agentes cuando resultaba imposible que pudiera hacer eso en solitario.
Tras lo sucedido se incoaron diligencias por atentado, lesiones leves y daños contra la propiedad. En total accedieron 152 subsaharianos.
En los partes de atención médica que presentaron los guardias civiles se recogieron lesiones por lanzamiento de piedras o mazas. También se hizo constar en el atestado el empleo de material orgánico y líquido corrosivo que fue arrojado dentro de botellas contra los efectivos de la Benemérita.
Fiscalía mantuvo que existió un evidente ánimo de atentar contra el principio de autoridad de los guardias civiles, contemplando la existencia de varios delitos, entre ellos el de atentado con la agravante de empleo de instrumento peligroso.
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