El tribunal de la Sección VI
de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra J.A.G., el trabajador de mantenimiento del Plan de Empleo que incurrió en abusos sexuales contra varias menores que se encontraban cursando Infantil
en el Colegio Público Lope de Vega. El acusado ha reconocido los hechos nada más iniciarse la vista oral celebrada este martes. Ha respondido de manera afirmativa a todas las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal y así ha reconocido que efectuó tocamientos, abrazó o besó a 12 niñas en los baños del colegio, además de, en uno de los casos, en su garaje. Ha asumido además que tuvo “un comportamiento libidinoso” con las menores. Ante este reconocimiento, el Ministerio Fiscal ha modificado su petición de cárcel a la que se han adherido todas las partes. La representante del Ministerio Público ha pedido que se imponga a J.A.G. un total de 42 años de prisión: 6 por cada uno de los dos delitos de abuso sexual continuado y 3 por cada uno de los diez delitos de abusos sexuales. En total 42 años a lo que se suma la prohibición de acercarse a las menores durante 16 años, así como una medida de libertad vigilada de otros 10 una vez cumpla condena. La petición de indemnización que se solicita asciende a 60.000 euros para cada menor por los daños morales sufridos, que tendría que ser asumida por el Ministerio de Educación y la Ciudad. La pena de cárcel la deberá dictar ahora la Sala aunque habiendo aprobación del escrito planteado por el Ministerio Público entre todos los presentes, será acorde con lo solicitado. En un principio Fiscalía llegó a mantener una acusación de 84 años de prisión. En su último turno de palabra, antes de que el caso quedara visto para sentencia, J.A.G. se ha acercado ante el tribunal para manifestar, cabizbajo, que pedía perdón a las familias por los hechos que había cometido. Después se ha sentado en el banquillo antes de ser conducido a prisión sin mirar a los presentes en la Sala.
Secuelas psicológicas: pueden aparecer a largo plazo
En el desarrollo de la vista, que se ha celebrado solo parcialmente a puerta cerrada (los medios no han estado presentes en la reproducción de la grabación que sirve de prueba preconstituida de las declaraciones de las niñas afectadas ante los psicólogos), ha comparecido un perito psicólogo que ha ayudado a clarificar, con su declaración, que a largo plazo pueden aparecer secuelas a las víctimas. Por su parte la forense se ha ratificado en los informes, que vinieron a dejar claro que no hubo ningún dato en las declaraciones de las menores que pudiera indicar que se trataba de una confabulación o eran falsas. En un plazo de dos años después de los hechos, ocurridos en 2017, pueden surgir secuelas que afecten directamente a las doce niñas. Por su parte la directora del centro escolar ha indicado que nunca sospecharon de las prácticas del acusado y que se enteró de lo que había sucedido por la prensa y por mensajes remitidos por las madres de algunas víctimas. También ha destacado que “no es normal” que las menores fueran solas al baño y que existía un decálogo hecho por el equipo directivo para informar a trabajadores como el acusado que no podían tener contacto con menores. Las labores que tenían que llevar a cabo se las asignaba la dirección y tanto el acusado como otras dos personas del Plan de Empleo que fueron contratados junto a él tenían acceso al colegio, por lo que podían estar en cualquier lugar.
Fiscalía: La Defensa de los derechos del niño ante todo
El de este martes era un juicio complicado, porque complicado es entender cómo una persona puede incurrir en este tipo de delitos con menores, aprovechándose de su inocencia y operando en un ámbito como es el de la escuela. Para la representante del Ministerio Fiscal la Justicia debe ser ejemplarizante ante este tipo de casos. Ha llegado al alma de todos los presentes y muy especialmente a los que son padres cuando ha recordado el lema del Día Internacional de los Derechos del Niño, recientemente celebrado. “Mi cuerpo es un tesoro”. Ese era el lema y así lo ha recordado el Ministerio Público al pedir que este tipo de delitos no quede impune, activándose toda la maquinaria judicial para hacerlo posible. Y en este caso los hechos son claros: el autor lo reconoce. Ya es una prueba suficiente. Todos los informes de los expertos que trabajaron en esta causa avalan lo sucedido. Y hay unas familias que han sufrido durante años una situación a la que cuesta enfrentarse y sobreponerse. Fiscalía, como todas las partes representadas en este procedimiento, pide cárcel pero además también pide que los responsables subsidiarios hagan frente a las indemnizaciones por los daños morales. Y es aquí, solo aquí, donde ha habido diferencias, de ahí que no haya podido aplicarse la figura jurídica de la conformidad y se haya celebrado juicio.
¿Quién paga las indemnizaciones?
El Ministerio Público pide el pago de 60.000 euros a cada perjudicada. Y es aquí donde entraron en conflicto las dos que están señaladas como tales: Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma. El primero porque los hechos ocurrieron en un colegio y porque el acusado fue allí a trabajar a petición de esta entidad. La segunda porque pertenecía al régimen del Plan de Empleo, dependiente del Gobierno de Ceuta. La abogada del Estado considera que la pena de indemnización no debe recaer en el Ministerio que, ha defendido, llevó a cabo todas sus labores de control y vigilancia. No obstante, de ser condenado, ha pedido que las indemnizaciones sean ajustadas en cada caso. Por su parte el abogado de la Ciudad ha exculpado a esta de la responsabilidad, defendiendo que la elección del personal le correspondía el SEPE, que ellos solo controlan el cumplimiento de los derechos laborales y que el seleccionado no tenía certificado de penales por este tipo de delitos. La sentencia se moverá sobre esta clave: quién tiene que asumir el abono de la indemnización, toda vez que la petición de cárcel esta clara y es apoyada y respaldada por todas las partes representadas y asumida por el propio autor de los hechos.