En marzo de 2019, los residentes de la barriada del
Príncipe Alfonso, en Ceuta, conocían de manera inesperada la muerte de su vecino Abdelmalik,
cuyo cadáver fue encontrado en su vivienda de la calle Este tras ser asfixiado con una bufanda por su esposa Naima. Este lunes, casi año y medio después, la mujer, de 43 años, se sienta en el banquillo de los acusados para enfrentarse al
veredicto de un Tribunal de
Jurado. Sus integrantes han sido seleccionados esta misma mañana y ellos tienen la encomienda de concluir la clave de este proceso: si la acción criminal que reconoce la mujer se encuadra en un homicidio, como considera la Fiscalía y su propia Defensa, o un asesinato, tal y como mantiene la Acusación Particular. De un delito a otro hay una gran diferencia contemplada en años, de 14 a 20. El magistrado Emilio Martín Salinas ejerce de presidente del tribunal y es quien se ha dirigido a los jurados para instarles a que decidan única y exclusivamente sobre hechos y para reclamarles lo único que se pide a quienes no son profesionales en el derecho: sentido común y atención. Porque a partir de ahora y hasta que se conozca el veredicto lo único que persiguen todas las partes representadas en este procedimiento es que se haga justicia.
En escena hay tres versiones sobre un mismo hecho: la muerte de Abdelmalik. Fiscalía mantiene que existió una atenuante de reconocimiento de los hechos, ya que tras matar a su esposo con una bufanda, Naima confesó el crimen al parar a una patrulla de la Guardia Civil que circulaba por la Almadraba. El fiscal, cuyo papel encomendado es la defensa de la legalidad y su único interés es que se haga justicia, considera la existencia de indicios suficientes para entender que hubo un homicidio y pide que Naima sea condenada por ello, reclamando una imposición de 14 años de prisión. “Entre todos podemos hacer justicia”, ha instado a los jurados el representante del Ministerio Público. El letrado de la Acusación Particular añade a esta historia criminal un pequeño matiz: al considerar que existió premeditación y alevosía, que la acusada esperó a que sus hijos fueran al colegio para matar a su esposo. Por eso reclama 20 años de prisión y 350.000 euros de indemnización, porque cree que los hechos son constitutivos de asesinato. De hecho ha solicitado la declaración de un testigo, admitido por el presidente del tribunal, que al parecer habría tenido conocimiento un día antes del interés por cometer esa muerte al escuchar una conversación de la acusada con su madre.
El abogado de la Defensa se ha dirigido a los jurados para aclararles que en este juicio queda claro que su patrocinada mató a su marido. Nadie niega los hechos, pero considera que esa acción final fue el resultado de una discusión por unas malas relaciones previas y constantes marcadas por episodios de malos tratos. Hace valer en su exposición que actuó por miedo y movida por un arrebato, por lo que cabe la existencia de atenuantes de arrepentimiento y afectación por un estado emocional que le llevó a esa acción por lo que la pena a imponer sería de 10 años. En este caso no se trata de debatir si hubo crimen o no, sino de enmarcarlo en unas u otras circunstancias. La pandemia ha impedido que la Defensa pueda traer a juicio a la madre y hermana de Naima que verificarían las relaciones que mantenía con quien era su marido. Este martes comenzará el juicio con las declaraciones del guardia civil a quien Naima confesó los hechos, de los policías nacionales que acudieron a la vivienda y descubrieron el cuerpo, de la perito que concreta en el informe las causas del fallecimiento y de la propia acusada además del testigo propuesto por la Acusación Particular en el día de hoy.