El Ministerio de Igualdad ha anunciado un acuerdo con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para prorrogar y mejorar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como para establecer un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para reforzar la colaboración entre la Administración General del Estado y las autonomías.
"Hemos alcanzado un importante acuerdo, el Acuerdo de Tenerife, que nos va a permitir lanzar un mensaje de absoluta unidad institucional para hacer frente a la violencia contra las mujeres, del conjunto de comunidades autónomas, Ayuntamientos y del Gobierno, entendiendo que la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado", ha valorado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Así se ha pronunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad (CSI), que se ha celebrado en la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, y en la que también han participado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
En primer lugar, tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, han acordado impulsar la prórroga del sistema de financiación articulado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -que caduca el 28 de septiembre de 2022- y que este se dote de una mayor estabilidad para 2023 y posteriormente.
Para impulsar este compromiso, la Conferencia Sectorial de Igualdad ha instado a las Cortes Generales a la modificación de los dictámenes del Pacto de Estado en ambas cámaras para la ampliación temporal necesaria para llevar a cabo el conjunto de medidas acordadas.
Por otro lado, se ha aprobado un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para reforzar la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, para mejorar la respuesta interinstitucional "integral, eficaz y coordinada" contra las violencias machistas, y asegurar la existencia, en todo el territorio, de políticas, recursos y servicios que garanticen los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres.
La secretaria de Estado de Igualdad ha precisado que este marco de cooperación se articulará a través de un plan conjunto que tendrá una vigencia inicial de cinco años, prorrogables automáticamente por periodos idénticos.
"Va a ser la herramienta a través de la cual se va a diseñar cómo van a ser las políticas contra la violencia de género. Tendrán que desarrollarse dentro de planes de actuación conjuntos que van a durar 5 años y tendremos que diseñar cómo van a ser las políticas contra la violencia de género y detallar, a través de un catálogo, cuáles son las políticas, servicios y prestaciones a los que van a tener derecho de las mujeres", ha subrayado Ángela Rodríguez.
El Plan tendrá en cuenta también la financiación estatal suficiente y estable para el desarrollo del marco de cooperación a través de los Presupuestos Generales del Estado; así como la información de las comunidades autónomas sobre las actuaciones, su duración y mecanismos de seguimiento y evaluación que tengan previstos, según ha puntualizado el Ministerio.
Además, han acordado que Igualdad y una determinada comunidad autónoma, cuando lo consideren conveniente, podrán firmar convenios que podrán tener una duración plurianual, en los que se especificarán las actuaciones a desarrollar, los mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos, así como los mecanismos de cooperación que procedan.
Asimismo, según ha informado Igualdad, han acordado con las comunidades autónomas la elaboración de un catálogo de referencia de políticas y servicios, que acompañará al marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres. Este catálogo será elaborado por consenso, en el marco del Grupo de trabajo del Pacto de Estado de la Conferencia Sectorial de Igualdad.
El catálogo, que se aprobará en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial configurará un conjunto de estándares mínimos que deberán garantizarse en todo el territorio, sin perjuicio de las administraciones competentes de disponer de recursos adicionales.
El catalogo abordará, como mínimo, la prevención de la violencia contra las mujeres, incluyendo medidas informativas, de concienciación y educativas; investigación y recogida de datos, protocolos, instrumentos y políticas para la detección de la violencia; y servicios y medidas para la atención integral y reparación de todas las víctimas de todo tipo de violencias, según señala Igualdad.
Además, añade que el Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido a seguir impulsando la formación especializada y continua de todos los equipos profesionales que participan en los itinerarios de información, asesoramiento, atención, apoyo y protección a las víctimas.
Igualmente, la secretaria de Estado de Igualdad ha avanzado que, en los periodos en que se produzcan repuntes de feminicidios, o cuando concurran circunstancias de especial relevancia, las comunidades autónomas afectadas y el Ministerio de Igualdad constituirán comités de crisis con el fin de analizar las situaciones y reforzar la respuesta interinstitucional.
Se considerará que existe un repunte cuando, en el plazo de un mes, se hayan producido cinco o más casos de feminicidio en una o más comunidades autónomas.
Los citados comités recabarán información acerca de los servicios e instituciones a los que acudió la víctima, contando con los informes de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con la finalidad de evaluar la respuesta y formular, en su caso, propuestas de mejora. Según ha reconocido la secretaria de Estado de Igualdad, uno de los elementos que ha "fallado" en últimas ocasiones ha sido "la falta de información compartida".
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