El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, llevará por fin al Pleno de este mes la aprobación inicial de la nueva Ordenanza del sector del taxi, un compromiso heredado de la anterior legislatura que era muy necesario completar para actualizar el marco normativo de un sector clave para la ciudadanía que es también imagen de ciudad.
Entre los objetivos que se persiguen está remozar su régimen jurídico, “mejorar” los niveles de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y “favorecer” el trabajo de los profesionales.
Con más de cien licencias y después de ser uno de los más apoyados por la administración autonómica durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus, la nueva Ordenanza debe ser un impulso para modernizar el servicio.
La exigencia de no contar con antecedentes penales se mantendrá, y parece lógico, en la norma pese al rechazo de parte del sector, al que se da un margen razonable para cumplir con los requisitos que en lo tocante a los medios con que tendrá que contar cada vehículo o su antigüedad máxima también incorporará novedades favorables para los usuarios.
El debate sobre la nueva Ordenanza en el Pleno llegará de forma simultánea con la actualización de su cuadro de tarifas, en el que la apuesta por el diálogo del Ejecutivo local ha conseguido finalmente poner de acuerdo a las asociaciones representativas.
Esa revisión de precios debe ir acompañada de avances imprescindibles en estos días como asegurar a la clientela, entre otras, la posibilidad de pagar con tarjeta, opción que muy pronto será obligatoria.