Un colaborador suyo, que había sido denunciado a la vez, también ha sido absuelto por el tribunal de la Audiencia Provincial. Las contradicciones y la falta de pruebas, esenciales.
El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado sentencia absolutoria para Luis J.R., administrador único de la inmobiliaria ‘Generalife’, que se enfrentaba a dos años de prisión por la supuesta comisión de un delito de estafa, y para Mohamed A.A., que trabajaba como colaborador del primero en el año 2008 y que se enfrentaba a cinco años de cárcel por el mismo delito. Los magistrados han entendido que no había pruebas de que estos hombres hubieran cometido el delito por el que se les denunció y, además, han apreciado una serie de contradicciones en la declaración de uno de los testigos principales. Por tanto, tanto el responsable de la inmobiliaria como su antiguo colaborador quedan libres de toda responsabilidad penal por los hechos que se les imputaban.
Los hechos por los que ambas personas se sentaron en el banquillo en su día tuvieron lugar entre los meses de agosto y septiembre del año 2008. Según la versión de la acusación, el responsable de la inmobiliaria ‘Generalife’ y su colaborador habrían participado en una operación de venta de dos viviendas situadas en la calle Leandro Fernández de Moratín, en Villajovita. El problema es que lo habrían hecho sin el consentimiento ni la participación de sus legítimos dueños y que además, según denunciaron, habrían cobrado una cantidad de dinero al comprador que no le devolvieron cuando se truncó la supuesta operación. El tribunal ha entendido que estos hechos no quedaban probados y que, además, las versiones de algunos testigos contenían contradicciones sustanciales.
En su día Luis J.R. se defendió asegurando que no sabía nada de las viviendas en cuestión, que su inmobiliaria no tenía nada que ver con eso y dejando ver en su declaración que el otro acusado, que en aquella época era colaborador de su negocio, se podría haber aprovechado del nombre de la inmobiliaria para llevar a cabo la supuesta estafa. Igualmente, negó tener problemas de deudas, tal y como habrían afirmado algunos vecinos. Por su parte, Mohamed A.A. se limitó a asegurar que él cumplió simplemente las órdenes del responsable de la inmobiliaria y que los hizo todo en acuerdo con el otro acusado. Además, aseguró que en más de una ocasión había tenido que interceder para que agredieran al responsable de la inmobiliaria por unas supuestas deudas.
El denunciante, que fue quien compró las viviendas, explicó que tenía la intención de construir una mezquita en esos terrenos. Preguntó por los mismos y le hicieron todas las gestiones, llegando a firmar un supuesto contrato de compra-venta y aportando 37.000 euros en metálico. El hecho de que no se quedara con un recibo de la entrega de ese dinero también ha hecho dudar a los juzgadores de la veracidad de ese relato.
Fueron los dueños de las viviendas los que, cuando fueron a venderlas, se dieron cuenta de lo que había pasado. Entonces se hicieron con el contrato de compra-venta y se dirigieron a ‘Generalife’, donde Luis J.R. negó cualquier tipo de vinculación con aquella operación e incluso aseguró que el contrato que esas personas tenían no se correspondía con el modelo de documento que ellos manejan, por lo que podría tratarse de una falsificación.
La defensa del responsable de la inmobiliaria ‘Generalife’ puso en duda que se produjera alguna operación que implicara el pago de una cantidad económica y aseguró que su cliente no tuvo nada que ver. La representante del otro acusado dijo que su cliente no sabía nada. Ahora, la Audiencia les ha absuelto del supuesto delito de estafa.
