La semana pasada la Policía Local presentaba un plan de lucha contra el absentismo escolar. Un plan importante, al que se le debería haber dado mucha más importancia desde años atrás.
Las conductas en las que incurren los adolescentes que debiendo estar en los institutos están prodigándose en otros actos terminan, en demasiados casos, en cuestiones delictivas o en la adquisición de adicciones graves. A actos de este tipo deberían dedicarse muchos más esfuerzos de los que ahora se han puesto en práctica. Esfuerzos orientados a todos los sectores en los que pueden sucederse estos casos. Y con ese ‘todos’ me refiero a todos los grupos de adolescentes sobre los que la Ciudad tiene cierta responsabilidad. Porque si bien la Policía debe controlar a los menores de familias fácilmente identificables para evitar este tipo de situaciones, también habría que extender dicha acción a los otros menores que siguen dependiendo de la Ciudad Autónoma porque ejerce sobre ellos la tutela. Hablo de los MENA, los que están acogidos en el centro La Esperanza pero que evitan someterse a los programas educativos y optan por estar merodeando por zona portuaria buscando la forma de fugarse. Hemos escrito mucho sobre ellos y hemos publicado fotografías de niños demasiado pequeños que están viviendo con adultos, que consumen alcohol y pegamento, que están expuestos a todo tipo de abusos y sobre los que nada se hace. Esos MENA que deberían estar escolarizados, que deberían estar controlados, terminan en zona portuaria convertidos en víctimas de cualquier tipo de delito. Hartos de verlos, parece como si no existieran, como si no fueran motivo de la misma preocupación que el resto. Son menores que también deben tener un control, que deben estar protegidos por la misma administración que les ha dado cobijo en un centro que rechazan. Pero no por ello se debe permitir, en aras al cumplimiento de la protección obligada al menor, que permanezcan en el puerto, ocultos en vehículos, arriesgándose para escapar en barcos o sometidos a la utilización delictiva que sobre ellos hace la población adulta. Está bien que la Ciudad apoye un plan de lucha contra el absentismo. Pero ¿por qué no extiende ese control a toda una población menor? No olvidemos las competencias asumidas y el deber legal y moral de no mirar hacia otro lado.
