Viendo los desperfectos que está sufriendo la familia de doña Dolores Molina en su vivienda situada en la barriada Juan Carlos I, y más concretamente en el bloque 27, puerta 2, nuestras autoridades deberían preocuparse un poco sobre los perjuicios que está teniendo esta mujer jubilada que cobra una pensión pequeña. El presidente de la comunidad escribió una carta donde exponía las deficiencias que tenían las viviendas del citado bloque y donde lo prioritario era en sanear las arquetas interiores del mismo. Pero cuál fue su sorpresa cuando, en el registro de la Ciudad, me dijeron que ellos no podían dar curso a este tipo de denuncias oficiales. Me remitieron hasta la empresa del agua, ACEMSA, la cual me aceptó la reclamación. A las pocas horas vino una brigada de la misma y nos informaron que ellos no podían hacer nada para arreglar las deficiencias y que correspondía al bloque afrontar con los gastos de la limpieza de las arquetas. Pero, entre medias, me mandaron una circular donde se decía textualmente que “las viviendas de protección oficial tienen que ser protegidas por el Estado durante un periodo de 50 años de garantía, lo que emplaza la causa hasta el 2028, según el Reglamento de la Vivienda 2114 de 24 de julio de 1964. Mañana tenía proyectado intentar hablar con alguien de EMVICESA, a ver si podían hacer algo. Y por la tarde intentar hablar con la Federación de Asociaciones de barriadas. Esto no puede seguir así. La salud de una familia está en juego y los demás seguimos con el malestar de los malos olores y la tensión de que se nos puede caer el bloque en cualquier momento.
