A golpe de condena

{jaimage crop="TC" /}En plena investigación del último incendio ocurrido en el garaje de Parques de Ceuta y  presionado por un clamor popular harto ya de la ristra de quemas de vehículos sin esclarecer, el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez instaba al poder judicial y, en concreto, a la Fiscalía a remar en la misma dirección que el poder político-policial. “Espero que todos tengamos claro que esto no es una quema de coches, sino un atentado contra la vida de las personas”, espetaba González Pérez. “Aquí hay tres patas en el estado de derecho... la tercera es el poder judicial y la fiscalía... y yo espero que todos y cada uno de nosotros tengamos claro que hoy ha habido suerte, y ya no podemos hablar de quema de coches sino de atentado contra la vida de las personas”. Así se pronunciaba el delegado, en una clara agresión verbal hacia la labor desarrollada por el poder judicial y, en concreto, hacia las calificaciones hechas público por la Fiscalía.
Conocida ya la intención del Fiscal de calificar el incendio de Parques de Ceuta como un delito del artículo 351 en el que se tiene en cuenta el agravante del peligro serio para las personas residentes en la urbanización, ya no salen a la luz los malestares políticos que vienen auspiciados por las quejas policiales. Fuentes judiciales replican que su proceder se basa en las investigaciones que se le presentan. No pueden ir más allá, ni mucho menos caer en los brazos de las querencias del delegado de turno. Presentan el trabajo hecho para cortar algunos de los delitos que actuaron de forma sangrante en años recientes. A golpe de sentencia condenatoria y con investigaciones policiales de por medio se consiguió parar, por ejemplo, la auténtica sangría que estaban provocando las mafias dedicadas al tráfico de personas con los llamados motores humanos. Jóvenes armados con aletas se dedicaban a empujar, a nado, a subsaharianos enfundados en trajes de neopreno. Actuaban de motores humanos con sin papeles que no sabían nadar. En un año la Guardia Civil recuperó los cadáveres de una veintena de estos inmigrantes y detuvo a varios implicados en estos pases. ¿Lo normal? Que fueran condenados a entre uno y 3 años de prisión. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta empezó a dictar condenas de hasta 6 años de prisión; algunos de ocho, al tener en cuenta el grave de riesgo que encerraba esta vía de pase. ¿El resultado? Descendieron las detenciones hasta agotar esta práctica delincuencial. El tribunal llegó a exponer este tipo de sentencias en seminarios celebrados en países europeos como ejemplo de acertada colaboración policial y judicial.
Lo mismo se repitió con la famosa ‘Operación Marinas’. Hasta 300 detenidos han ido pasando por la Audiencia Provincial acusados de testaferros de las mafias dedicadas al tráfico de drogas, desde que la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desmantelaran el apoyo que los lancheros tenían en pleno puerto deportivo. Aquel 2002 se llevaron cientos de semirrígidas identificando a sus dueños y vinculando la posesión de dicha lancha con el soporte que necesita el narcotraficante para luego usarla en los pases de hachís. De las investigaciones parieron cientos de sentencias condenatorias, las primeras superiores a 4 años hasta que el Tribunal Supremo anuló la condición de organización que sí veía el órgano judicial ceutí. ¿El resultado? El puerto deportivo dejó de ser la tapadera utilizada hasta el momento para el trasiego de semirrígidas sin control.
A golpe de condena se han frenado cuantiosos delitos. ¿Y en los incendios? Buena parte de las sentencias conocidas hasta la fecha son absolutorias porque las investigaciones presentadas han carecido de peso como para que se dé un giro. La calificación judicial hecha ante la quema en Parques de Ceuta muestra que esa connivencia solicitada por el delegado existe siempre que las patas de la silla sobre la la que se asienta el estado de derecho estén al mismo nivel para evitar cojeras como la del ‘caso Kimbi’, que todavía se recuerda en la esfera judicial.