La pretendida instauración de una tasa a las empresas del polígono del Tarajal ha provocado la reacción, prácticamente unánime, de todos los entes de cierto poder: partidos políticos, sindicatos, entidades de peso económico y empresarial como la CECE... Ahora también son los propios afectados los que alzan su voz contra la idea defendida por el Ejecutivo y enmarcada en ese plan a la desesperada por poner orden en un conglomerado de empresas en donde se ha dejado durante muchos años que reinara el caos. Es más que evidente ese choque de ideas: por un lado está el Ejecutivo y su ideada tasa, por otro los demás. El debate, ante una situación así, debe cuando menos ponerse encima de la mesa, a la hora de conocer qué puede derivarse del cobro de un concepto que todos los críticos consideran ilegal. Detrás de este obligado debate no prevalece solo la instauración o no de esa tasa, sino la necesaria organización en unos polígonos que nadie sabe a ciencia cierta como controlar. Ceuta tiene un problema, todos tenemos un problema, porque todo lo que se deriva del comercio asentado en las naves termina afectando a toda la ciudadanía en forma de colas, de despidos, de asfixia económica... incluso en el ámbito de la seguridad también tiene sus consecuencias. Más allá de tasas impuestas o de obligaciones que pretenden imponerse a golpe de porrazo, en todo lo relativo a las naves y a su comercio urge la adopción de medidas bien fundamentadas y estudiadas fruto de debates que no se están produciendo, al menos en la línea en la que debieran llevarse a cabo. Aquí hay algo más que choque de posturas, porque de lo que pasa en el Tarajal terminamos siendo todos paganos.
