No nos consideramos defensores de la idea del Estado-Nación pero tampoco estamos de lado de opciones despilfarradores, ilegales y pueril-emotivas como razones válidas para emprender una separación territorial, por mucho que se puedan defender pragmática y legítimamente las opciones de una organización política independiente del resto del estado español. El sábado anterior ya comentamos algunas de las claves que a nuestro entender están gobernando la nave catalana del independentismo y ahora queremos ofrecer otra perspectiva relacionada con la ausencia generalizada de seguridad jurídica que practican nuestra administración española y sus autonomías con gran dedicación.
Muchos y variados motivos explican la actual situación de amenaza de ruptura territorial a la que nos enfrentamos. A nosotros se nos ocurren un puñado de razones por las que hemos llegado a la actual situación en relación a Cataluña, estás podrían ser las siguientes: la asimetría fiscal del territorio vasco con respecto al resto (algo que señala Enric Juliana como factor principal de desestabilización entre comunidades autónomas con gran capacidad recaudadora); la enorme decepción del nacionalismo catalán ante el rechazo de la reforma fiscal, del estatuto y del establecimiento futuro de una nueva relación más ventajosa en términos económicos con el estado central (mal denominado estado español por los independentistas puesto que el gobierno de la generalitat forma parte del mismo estado); la irresponsabilidad de los partidos políticos fomentando en determinados momentos pactos de gobierno con el nacionalismo; la ley electoral que beneficia al nacionalismo por estar representado exclusivamente en su región de influencia lingüística y cultural y el injusto reparto de votos (ya que el voto a ciertos partidos y en ciertas provincias vale más o menos que otros); el enorme complejo de superioridad y optimismo que se ha estado generando en los sectores independentistas ha fraguado un estado encubierto con oficinas diplomáticas propias y otras sandeces, donde el dinero público fluía a raudales, hasta la llegada de la crisis económica; las relaciones emotivas con un determinado territorio unido a una historia de represión cultural y política sufrida por muchos catalanes, las huellas del franquismo continúan vivas; los ataques judiciales sufridos por los corruptos del nacionalismo catalán; la huida hacia delante del nacionalismo catalán ante sus continuos despilfarros electoralistas y su megalomanía recalcitrante; quizá la excesiva industrialización de la región catalana en detrimento de otras; la inacción interesada del gobierno del partido popular y los réditos electorales a favor del españolismo que recaudarán en futuras elecciones. También podríamos concluir que quienes han estado fraguando un estado propio dentro de otro, mientras irresponsablemente se les dejaba hacer, ya no quieren ni pueden dar marcha atrás en sus pretensiones. Por consiguiente, y como consecuencia de lo anterior, se ha producido un enardecimiento del independentismo en las regiones con tradición histórica. Una parte significativa de los profesionales de la política catalana conservadora que han sobrevivido a la criba judicial de los casos de corrupción, no están dispuestos a dejar su mina de oro en manos de foráneos al nacionalismo y para ello se han aliado con los republicanos y anarquistas. Piensan, algo ingenuamente, que después del hundimiento del antiguo partido de los Pujol les será más fácil salir a flote y navegar incluso en un pequeño velero si se encuentran dentro del mar territorial catalán y no del español. Una vez dicho todo esto en relación al asunto catalán, todavía habrá ciudadanos que se pregunten como se ha podido llegar tan lejos en el incumplimiento de las leyes por parte del clan catalanista. Creemos sin embargo, que la respuesta es sencilla y está relacionada con la forma de conducta jurídica de la administración y del estado español, en el que se incluye por supuesto el catalán.
Si muchos ciudadanos se sorprenden de la situación de ilegalidad fragante que se ha producido en Cataluña es que quizá desconocen los graves problemas de inseguridad jurídica que sufrimos en España hoy en día. Baste un vistazo a los ensayos políticos de Javier Pradera (Corrupción y política) y Carlos Sebastián (España estancada) sobre la situación actual de las administraciones en variados aspectos para darnos cuenta a lo que nos estamos enfrentando. Para otros puede ser una experiencia reveladora tener contactos con las administraciones en el día a día que le descubre un inframundo de cortapisas, ineficiencia, despilfarros megalomanías, incumplimientos legales y cierto grado de corrupción. La política y una parte de la administración catalana hace igual que el resto del estado español y su deteriorada y devaluada administración. El órdago independentista tiene sus razones y sinrazones pero también existe un denominador común que es saltarse las leyes que no les convienen e imponer otras leyes sin la legitimidad suficiente en las urnas, pues no olvidemos los elevados índices de abstención en las elecciones que se celebran en nuestro territorio nacional, especialmente llamativos en la marinera ciudad. En vez de establecer un diálogo entre fuerzas políticas y buscar consensos para llegar a posturas intermedias y eficaces que incluyan a todos o a casi todos, se dedican a echarse pulsos los unos a los otros persiguiendo sus réditos electorales y en algún caso sus obsesiones narcisistas. Son cortoplacistas que no creen mucho en la renovación de la democracia y en la masiva participación social en los órganos de poder sino que por el contrario lo apuestan todo a las votaciones plebiscitarias sin importarles las garantías con las que se realizan o los porcentajes de participación. Esto de sembrar para que otros continúen en una senda de constancia, consistencia y legitimidad no va con ellos. En este sentido y en muchos otros, los próceres catalanes no se distinguen del resto. Sin irnos muy lejos, en la marinera ciudad los escritos sin respuesta se apilan en el ayuntamiento y las leyes ambientales sin aplicar son la tónica habitual; la ley de derecho a la información no se aplica en el ayuntamiento. Nos haremos viejos todos para ver un plan de ordenación de los dos espacios protegidos que tenemos en nuestro territorio, esto es una obligación de nuestro ordenamiento jurídico que tampoco cumplimos. La ley del embudo funciona a la perfección en la administración municipal y estatal, hay muchos casos pero uno de actualidad tiene relación con las algas invasoras. Así, nuestro ayuntamiento en una ejercicio de esquizofrenia burocrática y política fue capaz durante el verano de 2016 de depositar algas en el único vertedero de inertes que existe en Ceuta y, de la misma manera no abonar los costes con la excusa de no tener el vertedero la autorización pertinente. Sin embargo, la empresa estatal Tragsa, durante el verano que está acabando, está secando algas en un descampado cualquiera sin que tenga ningún impedimento legal. La construcción de viviendas ilegales en varios puntos de la ciudad es un fenómeno con escaso control que provoca el inevitable efecto llamada; la ausencia de un PGOU operativo de cara a los nuevos retos territoriales de Ceuta es sencillamente lamentable; el abandono de la Agenda 21 local de Ceuta a pesar de su consenso y aprobación una triste realidad; las corrupciones negra (cobro de mordidas a cambio de una vpo) y gris (hacer la vista gorda para darle la vivienda a un colega de partido, un amigo o familiar) son realidades innegables; al igual que el tráfico de influencias desplegado por ciertos actores del partido del gobierno municipal para beneficiar a determinadas personas afines al partido popular; la inacción ante los incumplimientos del horario de barcos en horas y días señalados por el pliego de condiciones del servicio de la línea marítima de interés público Algeciras-Ceuta es un hecho consentido por las administraciones en Ceuta; el incumplimiento de la ley de memoria histórica, por lo que el dictador continua siendo alcalde perpetuo de Ceuta una más de las feas marcas tardo-franquistas que porta nuestro satisfecho alcalde. Desde nuestro punto de vista los españoles, y especialmente la administración y la política, no nos distinguimos tanto entre territorios, ya que la sombra del tardofranquismo y sus prácticas caciquiles e inercias autoritarias han calado en el corpus político-burocrático desde la transición que diría Javier Pradera y no se eliminarán fácilmente sin esfuerzo y dedicación ejemplar.
