Tal y como era de temer, la entrada en vigor del nuevo sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social en las ciudades autónomas impuesto por el Gobierno central entra hoy en vigor sin que el ministerio competente haya aportado la información mínima necesaria y exigible para poder juzgar su implementación con un mínimo de criterio.
A la espera de poder conocer al menos cuántos trabajadores beneficiarios tienen bases de cotización inferiores a los 1.700 euros mensuales, límite por debajo del cual la cantidad fija de 262 euros sería más beneficiosa que el 50% vigente hasta ahora, y cuántos superiores, con lo que se verían perjudicados, la modificación genera un cúmulo de incertidumbres contra el que la Ciudad y los agentes socioeconómicos tienen toda la razón en rebelarse.
No es admisible la forma que ha tenido el Ministerio de Trabajo de cambiar el régimen vigente sin diálogo ni información ni casi explicaciones (lo más que ha argumentado la Secretaría de Estado es que se busca un sistema “más transparente” y “menos regresivo”, ya que con un porcentaje “se bonifica más a quien más cobra”), sobre todo porque genera dudas sobre la estabilidad de cualquier incentivo existente en la ciudad para combatir las singularidades locales más que acreditadas a la hora de generar desarrollo económico y creación efectiva de puestos de trabajo.
La reacción en contra de la práctica totalidad de los agentes institucionales, políticos y sociales tampoco ha sido escuchada por el Ejecutivo central, que solo ha intentado mitigar con un marco de subvenciones frágil y complicado los efectos perniciosos que tendrá la medida, que tendría que haber sido como mínimo aplazada con la misma celeridad con la que se implementó.
