La Memoria 2022 del Centro de Reforma de Menores de Punta Blanca, para el que se dictaron 82 medidas de privación de libertad en distintos regímenes durante el año pasado, constata que la delincuencia infanto-juvenil registrada en la ciudad se ha estabilizado durante la última década y que ni existe impunidad ni la crisis migratoria de 2022 se tradujo en un incremento de la misma.
Los internamientos acordados el último ejercicio natural por parte de las autoridades judiciales competentes en Ceuta fueron todavía algo inferiores a los de 2013 (84), aunque en 2021 se frenó la tendencia a la baja experimentada entre 2016 y 2020. Los datos de internamientos, ordenados sobre un total de 64 jóvenes, algunos de ellos en dos o hasta tres veces, prueban también la necesidad de que la administración evalúe la necesidad de una inversión de calado en las instalaciones de Punta Blanca, construidas en 1995 y con solamente 24 plazas de capacidad máxima operativa teórica.
A juicio de los expertos su ubicación tiene la ventaja de que, al estar fuera del núcleo urbano, se facilita que el contacto de los menores infractores con el ambiente de los que proceden sea mínimo, lo que en la mayoría de los casos mejora las perspectivas de la intervención a través del trabajo con la familia, el grupo de iguales y el contexto de procedencia sin interferencias negativas.
La Ciudad debe asegurarse de contar con los recursos materiales y humanos necesarios para poder garantizar un ambiente en el que se puedan ofrecer unas condiciones educativas adecuadas para reorientar los comportamientos antisociales detectados y no solo frenar procesos delictivos, sino también favorecer la integración y reducir los efectos negativos de los internamientos para los menores y sus familias.
