UGT denuncia que la Ciudad ha incumplido su compromiso de convocar una oposición para que los trabajadores del Instituto de Idiomas de Ceuta (organismo público desde hace casi quince años) puedan alcanzar el estatus de empleados públicos. El sindicato asegura que las condiciones laborales y retributivas están por debajo de las que debería recibir un trabajador de la administración, pero que, sin embargo, se les insta a "hacer funciones propias de ello".
"El Instituto de Idiomas es un Organismo Autónomo de la Administración Local en el que la legalidad brilla por su ausencia", espeta la unión de trabajadores.
El sindicato dice llevar "años intentando regularizar la situación de su personal con resultado nulo", lo que a sus ojos se resume en que "resulta que la falta de legalidad en este organismo favorece determinados intereses particulares que, al parecer, se ponen por encima de la ley".
Entienden que "el Gobierno de la Ciudad tiene sometidos a algunos de sus trabajadores a un régimen de explotación laboral, con el argumento de que sus retribuciones y funciones no están supeditadas a las normas comunes para todos los empleados públicos y en base a ello les somete a un régimen retributivo, incluso por debajo de lo que percibirían en la empresa privada".
Sin embargo, "cuando sus derechos laborales, sociales y retributivos carecen de la consideración de trabajador de una Administración Pública, se les pretende obligar a realizar las funciones propias de un empleado público, la famosa ley del embudo, todo lo ancho para mí y lo estrecho para ellos".
Para UGT, el argumento del Gobierno, una "incomprensible sentencia del Juzgado de lo Social de Ceuta que los declaró personal subrogado", no se sostiene. "¿Personal subrogado en una Administración Pública? Es lo mas estrafalario que hemos oído sobre el personal de una Administración Pública".
Con todo, y contando "con la paciencia y el beneplácito de los propios trabajadores", UGT negoció "una salida a esta denigrante situación", acordando con el Gobierno de la Ciudad que "se les daría la oportunidad mediante un procedimiento de concurso oposición a poder optar al estatus de empleado público, que es lo que llevan desarrollando más de quince años".
"El acuerdo se cerró por parte del Gobierno con los trabajadores, con el compromiso de que ellos sacarían adelante todas las tareas propias de un empleado público, lo que han venido haciendo de manera impecable todos estos meses", relata el sindicato.
Pero, "cuando llega el momento de que los trabajadores vayan a iniciar el procedimiento pactado para su posible pase a empleado público, descubren que el Gobierno del señor Vivas les ha estafado, les ha timado, les ha tomado el pelo y se ha reído de ellos", sentencia la organización, que califica de "triste realidad" la situación que han afrontado los empleados.
Concluye UGT que los trabajadores "ya lo sospechaban" y que el Gobierno de la Ciudad "tiene en sus filas a mentirosos y timadores, pero con los humildes, con los débiles, con los vulnerables, mientras inclina la cabeza ante los poderosos".
