La Policía Nacional ha esclarecido otro delito de incendio ocurrido en Ceuta, esta vez contra contenedores y un vehículo, ubicados en la calle Alta y Rodríguez Berlanga el pasado día 14. Los agentes procedieron a la identificación y detención de dos menores que, una vez presentados este miércoles ante la Fiscalía, quedaron en libertad tras prestar declaración, tal y como han confirmado El Faro de Ceuta por fuentes judiciales.
Este jueves la Jefatura Superior de Policía además de confirmar esas dos detenciones, ha puntualizado que el número total de menores interceptados fueron tres.
Este servicio policial se suma a los que están llevando a cabo los componentes del Cuerpo Nacional de Policía ante las distintas quemas tanto de propiedades particulares como de bienes públicos -sobre todo contenedores y papeleras- que se han producido en la ciudad, lo que ha terminado por generar inquietud entre la ciudadanía.
En algunos casos esas quemas no tienen que ver ni con la delincuencia organizada ni con pirómanos ni mucho menos con una acción delictiva concreta. Son hechos que se asocian no solo a la picaresca en torno al cobro del seguro sino también el mero vandalismo. O, en casos como el dado a conocer ayer enmarcado en la Operación Veterano, en un mero comportamiento antisocial de un individuo sin techo que ya ha tenido anteriores incidencias relacionadas con el fuego hasta atentar incluso contra sí mismo.
Los grupos de investigación han sido encomendados a investigar cada caso, existiendo controles de paisano por distintas zonas de la ciudad para intentar abortar los intentos de quema que se puedan producir.
En el caso de marras los tres menores fueron trasladados al juzgado, quedando en libertad con cargos. Otros adultos detenidos por el mismo delito quedan libres al poco de su detención como investigados.
Un atentado ecológico se produce cada vez que hay un incendio provocado. Contaminación del aire, suelo, creación de residuos tóxicos, y los que se producen en la puesta en marcha de los medios y recursos para su extinción (vehículos y motores en marcha con expulsión de gases). Consumo de agua para sofocarlo, gastos económicos y riesgo para el personal implicado. Todos estos factores hay que tenerlos también en en cuenta a la hora de enfocar estos temas por parte de los ciudad anos y de las autoridades competentes en su prevención y corrección de comportamientos.
En la actualidad, o no se cumple lo estipulado en las penas o la ley no es adecuada a la realidad de la sociedad. Si es así, habría que corregir estos dos caminos. A los pueblos los hunden su pasividad, no sus dirigentes.
¿ Alguien sabe si cuando los detienen, les toman declaración y los ponen en libertad con cargos, las cerillas se las devuelven ?
Estos actos debetian de estar tipuficados como terrorismo callejero igual que la cale barroca son terroristas callejeros
No pasa nada,debe ser otro caso aislado,mañana están en la calle quemando más.
Si los padres lo pagarán otro gallo cantaría,y si no pueden ,pues a poner a los menores a trabajar para la comunidad y sepan lo que es ganarse algo con el sudor de su frente,ya está bien de tanto .proteger al menor.
A arreglar los coches de chapa y pintura los ponía yo, en un taller mañana y tarde.
A tragar con esta justicia que solo defiende al delincuente, si no pagan los daños a la cárcel hasta que paguen y lo mismo para los políticos, a la cárcel hasta que devuelvan lo robado
Buen trabajo de la policía como siempre a ver en qué queda
Ni pagarán ellos, ni sus padres y si se los das en custodia se fugarán...o dirán sus padres que lo han hecho y estarán en casa de la prima.
Si son menores de Ceuta.. que paguen los padres....y si cobran ayudas por familia numerosa etc...etc...etc....que se lo descuenten de las ayudas...infinitas que cobran de todos los colores...!
Mano dura!. Esto se ha convertido en un desafío a la Ciudad y sus habitantes. Hay que cortarlo y solo hay un camino.
Osea que al final la Justicia no sirve para nada. Y los ciudadanos a sufrir las consecuencias de un doble perjuicio. Perjuicio económico, al sufrir unos daños que en caso de insolvencia son irreparables y perjuicio humano y moral, al percibir la gran vulnerabilidad e indefensión en la que el ciudadano se encuentra y de la que no recibe Justicia ni reparo por parte de las Autoridades que deben impartirla.