La ciudad autónoma comenzó ayer a primera hora de la noche a aplicar algunas de las medidas de ahorro energético más visibles de las aprobadas por el Gobierno central en el marco de la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania, como el apagado de los edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas.
La polémica política generada debería profundizar no en quién ha tomado la iniciativa y cuál es su color partidista, sino en si es razonable mantener inmuebles consumiendo electricidad que se paga con el dinero de todos y escasea a precios cada vez más elevados.
Los monumentos formalmente considerados como tales, como los espacios en los que sea necesario por motivos de seguridad, no tendrán que quedarse sin iluminación.
Igual de poco sentido en términos de sostenibilidad y racionalidad tiene dejar escaparates encendidos a horas en las que el trasiego por la calle es escaso o nulo (de hecho, la inmensa mayoría ya se apagaban a la hora a la que ahora están obligados o antes) o dejar escapar el aire climatizado de interiores por no instalar puertas automáticas que lo impidan, sobre todo si se van a articular ayudas que cubrirán el 100% del coste de las obras como las que ha anunciado Procesa.
A estas alturas ya debería considerarse una obviedad que los recursos son limitados, pero hay voces que se impiden en intentar abanderar un supuesto derecho a la libertad para hacer lo que a cada uno le plazca sin pensar en nada más como una bandera política. La Ciudad ha hecho bien en volver a ser responsable y leal con el Estado acatando sus obligaciones y pidiendo consenso.
