La Ciudad Autónoma ha concretado por fin cómo solucionar la deuda pendiente que mantenía con la barriada de Juan XXIII y su entorno, a la que en 2018 se prometió la ejecución de un proyecto presupuestado en más de 3 millones de euros que nunca se concretó en nada más que en un solar baldío en el proliferan los escombros y las basuras.
El vecindario, mientras, se reúne, como ayer, en la parada de autobús ubicada justo enfrente, entre otros lugares improvisados.
La administración debe ser más cuidadosa con lo que anuncia para no dar pábulo al descrédito político e institucional.
Cuatro años ha tardado en encauzar, a la espera de la correspondiente licitación, una iniciativa que encalló por complicaciones “técnicas” con el talud que sujeta O’Donnell y que supuestamente debería haber estado contemplado en el proyecto original, que a la hora de la verdad hubiese disparado su precio final hasta alrededor de cinco millones de euros. La alternativa elegida, con un presupuesto muy inferior, puede ser más realista: atenderá las necesidades de una pista deportiva aprovechando parte del césped artificial que se ha levantado del ‘Alfonso Murube’ e incluirá vestuarios y un local social.
Con el ‘Díaz-Flor’ a unos minutos caminando, la necesidad de una inversión muy superior para habilitar otra cubierta no parecía lo más urgente en esta ciudad.
El Gobierno de la Ciudad debe, eso sí, acelerar la entrada en funcionamiento de equipamientos como el de Miramar o la pista de atletismo, que una vez terminados es inaceptable que continúen cerrados por no se sabe qué inexplicables dificultades administrativas o vicios de origen como la no inclusión de la urbanización perimetral del primero en las obras encargadas a Tragsa. Urge que las inversiones den su rentabilidad social.
