La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, 8 de marzo (8-M), su Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2022, que este año es un monográfico dedicado a mujeres y frontera. Sus autores prestan atención a la crisis de mayo de 2021 ya que, entre las miles de personas que entraron en Ceuta, hubo también mujeres procedentes del África occidental como Alima o Isatu y, como denuncia la entidad, fueron víctimas de devolución sin el procedimiento adecuado para detectar situaciones de vulnerabilidad de solicitud de protección individual.
Alima: al día siguiente la devolvieron con su hija
Alima llegó en 2018 a territorio marroquí y es demandante de asilo en dicho país desde diciembre de 2019. “Pero aún sigo esperando la entrevista", lamenta en declaraciones que contiene este informe. "El desespero y por fin salta la noticia de que han abierto las fronteras y está la ilusión de que por fin puedes conseguir el sueño de llegar a Europa”. Ella cruzó en mayo de 2021 a Ceuta cuando le hicieron creer que se “habían abierto puertas” entre los dos países. “Al día siguiente de haber entrado me devuelven con mi hija (…) Yo gritaba y gritaba que era demandante de asilo, pero nadie escucha. Me arrastraron porque yo me agarré a todo, pero no pude aguantar”.
A la vez que la prensa mayoritaria narra la situación en términos de crisis política entre estados, Alima limpia con su cuerpo la ficticia línea de una frontera sin entender qué le están haciendo: "No tengo salida. He estado allí, me han devuelto atrás. Nunca voy a tener dinero para una patera, me voy a quedar aquí siempre a sufrir. No puedo volver a Guinea porque le hacen el corte a mi hija y no puedo avanzar”. Alima concluye su relato añadiendo: “Si no fuera por mi hija, yo hubiera matado o me hubiera matado”.
Tras la frontera del Tarajal, recoge el informe de APDHA, estaban los autobuses marroquíes esperando para trasladar al sur de Marruecos a la población devuelta a localidades como Tiznit, según compartieron algunas de las mujeres que lo vivieron o la asociación Elín que, junto a otras del territorio, derramó sus recursos técnicos, materiales y humanos por las calles de Ceuta para hacerlos llegar a quienes corrían, dormían, esperaban o se ocultaban ante la desorientación y las "batidas en busca del migrante". Esta práctica de desplazamiento forzado del norte al sur de Marruecos, sin embargo, no es nueva", lamentan.
Isatu, deportada a su país
Un paso más allá de los desplazamientos forzados hacia el sur son las deportaciones. Isatu es una de las mujeres que aquella madrugada de mayo de 2021 entró en Ceuta. Ella fue devuelta a territorio marroquí para luego ser deportada desde ahí a su país. Este capítulo de la vida de Isatu es resultado de las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea, que propone como triada para el control migratorio en países como Marruecos las detenciones y los desplazamientos forzados como ya hemos visto, pero también las deportaciones consolidadas a través de acuerdos bilaterales o multilaterales de repatriación.
Crítica a la Delegación del Gobierno
El informe analiza unas declaraciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, en el contexto de mayo de 2021 acerca de la "persecución" en Marruecos por "casos excepcionales" ya que la mayoría "viene buscando pasar a la Península y tener una vida mejor económicamente". A juicio de la APDHA, "intentan hacer creer a la opinión pública -y de paso blanquear la imagen de Marruecos- que la persecución a las relaciones extramaritales, la persecución por cuestiones políticas o al colectivo LGTBIQ y la violencia de género son casos contados, fruto de problemas culturales o sociales aislados y no estructurales".
Este reconocimiento, a ojos de la entidad que suscribe el estudio, "empañaría flagrantemente la imagen pública tanto del Gobierno marroquí como del español por mantener pactos con un país que a pesar de haber firmado y ratificado diversos tratados y acuerdos internacionales, sigue vulnerando de forma sistemática los derechos humanos de sus propios súbditos".
Transfronterizas: propuesta de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales
El documento Frontera Sur 2022 incluye un capítulo específico dedicado a las trabajadoras transfronterizas que firman Ana M. Rosado Caro, Susana Hidalgo López y Cristina Fuentes Lara. A pesar del cierre de la frontera terrestre entre Marruecos y España el 14 de marzo de 2020, decidieron quedarse en Ceuta o en Melilla en lugar de volver a sus hogares en Marruecos, ya que pensaban, por el anuncio del Gobierno marroquí, que el plazo era solo de 15 días, y no durante los casi dos años que lleva cerrada la frontera por la crisis sanitaria. Desde entonces, están “atrapadas” en el territorio español sin posibilidad de retornar a sus casas, porque son conocedoras de que si retornan -en los retornos organizados por ambos Gobiernos entre agosto y septiembre de 2020- no podrán seguir trabajando al estar la frontera terrestre cerrada.
Aisha es una trabajadora de hogar natural de Beliones cuyo testimonio refleja el estado en el que se encuentran las transfronterizas: “Ceuta es mi cárcel, no sé cuándo voy a volver a ver mi casa, estoy atrapada aquí. Solo puedo esperar que los días pasen”.
A esta situación hay que añadirle que las mujeres transfronterizas no han tenido derechos, como al ERTE, incluso habiendo cotizado en algunos casos por más de 20 años, tal y como figura el informe de APDHA.
Pese a tener un pase de transfronterizas -tarjeta F conocida como tarjeta verde- que no está teniendo validez en casi estos dos años de pandemia, porque su obtención lleva aparejado el vigor de su documentación, que no han podido renovar porque ni Marruecos ni el Estado español han facilitado los cauces para ello.
El aislamiento en Ceuta y la privación de poder ver a sus familias está generando problemas de salud mental graves, como son la ansiedad o la depresión. A todo esto, hay que sumarle la situación de pandemia que ha dejado millares de víctimas. Esta es una de las principales causas del padecimiento de estas mujeres, el hecho de no haber podido despedirse de sus familiares en los casos de defunción.
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno del país y los ministerios de Trabajo e Interior conocen de la situación por ellas mismas y el apoyo mostrado por numerosas entidades –y en APDHA tienen el convencimiento de que la solución a su situación pasaría por conceder a estas trabajadoras una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, aunque tienen conocimiento de que existen muchas trabajadoras que realizan el trabajo de hogar de forma irregular– "la respuesta ha sido el silencio o el traslado de la responsabilidad al otro lado de la frontera".
La asociación que ha presentado el estudio pone como ejemplo de realidad similar el régimen transfronterizo en Gibraltar, a poco kilómetros de Ceuta.
El porteo no se prevé que vuelva a ser una imagen "característica" del paso fronterizo
En cuanto al transporte de mercancías de Ceuta a Marruecos, en el caso de Ceuta no se prevé que la actividad del porteo vuelva a ser una imagen “característica” del paso fronterizo, y en el caso de Melilla, la incertidumbre es mayor sobre cuál será el futuro del porteo una vez se reanude el trasiego fronterizo, a juicio de la APDHA.
La frontera de Ceuta-Marruecos, en la que en ningún momento se estableció una aduana comercial, ha experimentado "más transformaciones" en los últimos años, indica la APDHA, dada la visibilización de la vulneración de derechos durante el porteo, aunque en los informes 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2018' y 'Porteadoras: la feminización de la pobreza' sostienen que las medidas tomadas no tuvieron un verdadero impacto y las denominan “políticas de maquillaje” o “parches”. Algunas de estas medidas fueron la limitación de kilos por fardo, la exigencia de conseguir un ticket para salir con la mercancía o la obligación de transportar esta mercancía en carritos.
El futuro no está escrito, subraya la APDHA, pero la década de investigación que se lleva realizando desde esta entidad sobre este fenómeno les hace llegar a la conclusión de que, si bien el trasiego de mercancías no va a dejar de existir, este se realizará de una forma "más clandestina y precarizada" para estas mujeres, lo que llevaría implícito lo que desde hace varias décadas desde ambos Gobiernos -tanto el marroquí como el español- llevan practicando, "invisibilizar la realidad de las mujeres de la otra orilla, porque la igualdad está intencionadamente restringida para los Gobiernos por el origen, el perfil racial o la clase socioeconómica".
La solución de construir una zona franca en Castillejos
De hecho, la construcción de una zona franca en Castillejos para talleres textiles fue la solución que planteó el Gobierno marroquí ante la situación de las porteadoras en el paso fronterizo de Ceuta. Se pretendía acabar con una precariedad generando otra precariedad en la que no se contemplaría –por supuesto- el aumento de la feminización de la pobreza. Una feminización de la pobreza que, según organismos como Naciones Unidas, representa a un 70 por ciento de las personas empobrecidas del mundo. Es decir, 7 de cada 10 personas pobres en el mundo son mujeres.
El Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur concluye con un anexo de muertes y desapariciones en 2021, entre las que figuran los fallecidos en Ceuta y sus aguas jurisdiccionales.
