El secretario general de Instituciones Penitenciarias pasó ayer por Ceuta para prometer que su departamento activará este mes el procedimiento para incorporar a la cárcel de Loma Mendizábal entre 35 y 50 trabajadores con el fin de, una vez se incremente su plantilla, abrir otros dos módulos del equipamiento y traer aquí alrededor de 200 internos con alguna vinculación con la ciudad autónoma.
El equipamiento, la mayor inversión de la historia del Estado en Ceuta, cifrada en 140 millones de euros, lleva más de cuatro años operando a menos de un 30% de su capacidad máxima y se ha quedado muy lejos de convertirse en el motor económico que se auguró que sería en su momento.
Las promesas de generación de puestos de trabajo y actividad económica para las empresas locales que sirvieron para acallar las voces críticas con la infraestructura nunca se han hecho realidad y tampoco se han atendido las reivindicaciones históricas de los trabajadores de recatalogarla con nivel 1.1, aunque el alto cargo de Interior aseguró ayer que tiene la mejor ratio de funcionarios por interno de toda España (concretamente, 225 para 233).
La puesta en funcionamiento de la prisión al máximo rendimiento no sólo facilitaría a los caballas que cumplen sus condenas lejos de casa el acercarse a su entorno hasta que recuperen la libertad, sino que también generaría un buen número de puestos de trabajo directos e indirectos de los que no anda precisamente sobrada Ceuta.
Hasta ahora la Administración General del Estado se ha negado no sólo a hacerlo, sino también a ofrecer la infraestructura para emergencias como la generada tras la avalancha migratoria de mayo del año pasado, cuando la Ciudad propuso usar esos módulos como alojamiento temporal para las personas necesitadas. Las instituciones están obligadas a dar uso a unas dependencias que supusieron un importante desembolso de dinero público y con las que han faltado a los compromisos adquiridos sin aportar explicaciones convincentes.
