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La entidad indica que la Delegación tendrá que sancionar a los empresarios si hacen caso omiso sobre la seguridad privada
El vicepresidente de la Asociación Marea Negra, José Antonio Carbonell, duda de que los polígonos del Tarajal –y las propias naves– dispongan de un plan de autoprotección que, como establece la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, tiene por objetivo prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y bienes en este recinto.
Por este motivo, apremió a los comerciantes a su incorporación ya que el colectivo es responsable de los medios necesarios a adoptar para actuar en caso de emergencia y urgió a la Ciudad Autónoma a velar por su cumplimiento.
Este portavoz del ámbito de la seguridad privada instó a los comerciantes a realizar una evaluación de riesgos, los cuales deberían figurar en un plano que, garantizó, “es inexistente”. Este gráfico incluiría la ubicación geográfica de las naves; las características de las construcciones; los accesos y salidas de los polígonos en caso de evacuación así como sus condiciones; la anchura de las vías; el aforo máximo además del inventario de los medios técnicos disponibles en caso de emergencia hasta que llegue ayuda externa. En este apartado, Carbonell apuntó a las bocas de riego que se encuentran “envejecidas y son insuficientes” para su uso por Bomberos. La fecha del último simulacro efectuado en el recinto fue otra de las preguntas que se hizo el vicepresidente de Marea Negra. Y, por otra parte, “es increíble que pongan vallas con cintas de precinto y pretender que nadie se cuele por ahí”, puso como ejemplo Carbonell, quien abogó por vallas fijas.
La Comunidad de Propietarios ha destinado cuatro guardas a las labores del control de filas de porteadores dentro de los polígonos. Una “cesión” que Carbonell denunció de forma pública ya que, sostuvo, carecen de formación para manejar tal afluencia de personas dedicadas al porteo. Un déficit que se puede suplir, a su juicio, mediante la contratación de vigilantes de seguridad. Carbonell resaltó que la Delegación del Gobierno exhortó a los comerciantes a contar con este servicio y, si hacen caso omiso a este apercibimiento, “la Administración tiene que sancionar a los empresarios y obligarles a que tengan esta seguridad así como el plan de autoprotección”.
Este representante del sector se mostró ayer “horrorizado” al ver las condiciones en las que los vigilantes de la seguridad privada contratados por Servicios Tributarios de la Ciudad Autónoma cumplen con su cometido en las instalaciones del Tarajal II bajo su competencia. En su repaso a las competencias de la administración local, Marea Negra reprochó al Ejecutivo que, antes de poner en funcionamiento el paso de mercancías, debería haber instalado una superficie de pavimento en la zona de espera de los camalos. “Mientras que las autoridades españolas no hagan las gestiones con Marruecos para que los porteadores tengan una tarjeta identificativa, en caso de catástrofe, las familias no podrán repatriar sus restos”, señaló Carbonell.
