Ya existe una decisión por parte del Gobierno en relación con la aplicación de la sentencia del TSJA en relación con la supresión del plus de residencia para los cargos públicos que son funcionarios. Tras el estudio pertinente por parte de los servicios jurídicos se ha dictaminado como medida cautelar la supresión de este cobro hasta que exista una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo. Tengamos en cuenta que la Ciudad Autónoma ha decidido recurrir al entender que las fórmulas que utilizaba hasta ahora son perfectamente legales.
Lo que sí quiso dejar claro el portavoz accidental del Gobierno, Carlos Rontomé, fue que el nombramiento de los tres integrantes del Gobierno que son funcionarios como vicepresidente del Ejecutivo de Vivas no tenía nada que ver con la sentencia, “ya que, de momento, no hay ningún tipo de acuerdo para elevar el sueldo de los vicepresidentes del Gobierno”. Reconoció, de todas maneras, que estaba en estudio esta posibilidad pero nada más. Sí se destacó que la mencionada medida no afecta al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, porque el jefe del Ejecutivo es funcionario del ente autonómico desde hace más de cuarenta años.
Es una medida que también afecta a los directores generales que provienen de una Administración distinta a la autonómica, pero que los directores generales que son funcionarios de la Ciudad siguen percibiendo el plus de residencia “porque es un derecho que tienen por vivir en Ceuta”.
De todas maneras, la confianza del Gobierno, en palabras del mismo Rontomé, es que el Supremo cambie la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que “se entiende que esa supresión del plus de residencia lo entienden como si los funcionarios que ocupan estos puestos públicos cobra dietas como si vinieran de fuera, cuando en realidad lo perciben porque viven en nuestra ciudad”.
