Los abogados de las familias de las dos turistas nórdicas decapitadas en una montaña del Atlas marroquí el pasado diciembre han solicitado una mayor indemnización para sus clientes, según se supo este miércoles al abrirse el caso en apelación.
El proceso en apelación contra los veinticuatro condenados por el crimen de las turistas escandinavas se abrió este miércoles, pocas semanas después del juicio en primera instancia contra los tres autores materiales de los hechos, sentenciados a la pena de muerte, y sus cómplices, con penas de entre cinco años de prisión y perpetuidad.
La sesión estuvo marcada por trámites formales en las que el juez del Tribunal de Apelación de Salé (encargado de los casos de terrorismo) convocó a los acusados, a sus abogados y a los letrados de la parte civil, antes de posponer la vista hasta el próximo 11 de septiembre.
Las dos turistas, la danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y la noruega Maren Ueland, de 28, fueron decapitadas el pasado 17 de diciembre dentro de su tienda de campaña cuando hacían montañismo en la localidad de Imlil.
Ambas tenían previsto horas más tarde ascender al monte Toubkal, la cumbre del Atlas y del norte de África.
El abogado que representa a la familia noruega, Azzedin Kebbaj, explicó a Efe que pedirá al juez elevar la indemnización a sus clientes hasta 5 millones de dirhams (unos 460.000 euros) en lugar de los 2 millones (184.000 euros) fijados por el juez en el proceso en primera instancia contra los cuatro principales autores del crimen.
Por su parte, el abogado de la familia de Jespersen, Khaled Fataui, indicó a Efe que espera que en apelación el juez reconsidere la responsabilidad del Estado para indemnizar a la familia de las víctimas.
Fataui subrayó que reclamará 10 millones de dirhams (940.000 euros) al Estado marroquí como responsable civil subsidiario, argumentando la falta de seguridad que propició el crimen, una petición que fue rechazado en primera instancia.
El pasado 18 de julio, los autores materiales del asesinato terrorista -Abdessamad el Joud, Youness Ouziad y Rachid Afati, que habían jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico poco antes de cometer esta acción- fueron condenados a muerte en primera instancia, pese a que existe una moratoria de facto sobre la pena capital desde 1993.
