El director alega que la capacidad de las placas solares es limitada y sólo ofrece este servicio durante una hora por las mañanas.
La Delegación del Gobierno reconoció a finales de 2009, en el marco de la declaración de la pandemia de la gripe A y las movilizaciones de los residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes para reivindicar mayor protección frente al virus, que el funcionamiento del sistema de agua caliente presentaba deficiencias. Esta carencia provocó las quejas de varios inmigrantes que denunciaron sentirse más expuestos al contagio.
Meses más tarde y ya con Carlos Bengoechea al frente del CETI, la Dirección ha elevado al Ministerio de Trabajo e Inmigración un presupuesto para la adquisición de una caldera diesel para asegurar su suministro. “El problema no es que no haya agua caliente, sino que la red de paneles solares tiene una capacidad limitada”, señaló el máximo representante del centro ubicado en el Jaral en referencia a su almacenamiento.
Bengoechea admitió que las recomendaciones higiénico-sanitarias del departamento médico instan a disponer de este servicio básico, con una atención especial a la población infantil. Los testimonios de padres subsaharianos indican que ellos mismos tienen que calentar el agua para bañar a sus hijos.
En la actualidad, residen en el CETI unas 370 personas de distintas nacionalidades, estimó el director del centro. Sin embargo, las placas fotovoltaicas sólo proporcionan agua en estas condiciones durante una hora, de modo que los más madrugadores son quienes pueden hacer uso de ella. Este déficit en las instalaciones del Jaral no es reciente, sino que se ha prolongado durante años, según algunos residentes
Ingresan los siete subsaharianos rescatados el lunes
Las siete personas salvadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil este lunes ya han ingresado en el centro del Jaral después de que fueran entregados por la tarde al Cuerpo Nacional de Policía de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los subsaharianos tendrán la oportunidad de pedir asilo y el trámite del expediente concluirá con la admisión de su solicitud o con una orden de expulsión a su país de origen.
