La Secretaría de Estado de Universidades ha aceptado una recomendación del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para que las víctimas de violencia de género que se matriculen en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) no tengan que pagar los precios universitarios.
La Institución recomendó reconocer la condición de víctima de violencia machista como causa de exención o bonificación en la normativa que fija anualmente los precios públicos por servicios académicos universitarios en la UNED.
Antes de realizar esta recomendación, el Defensor del Pueblo había analizado las previsiones de exención de precios públicos académicos y los colectivos que se veían beneficiados por ellas, llegando a la conclusión de que la mayor parte de las universidades coincide en los términos en los que prevén estas exenciones.
En este sentido, la Institución pudo comprobar que muchas comunidades autónomas ya contemplan en sus normas la exención de pago para las víctimas de violencia de género y otras lo están estudiando. Por este motivo, el Defensor mantiene un especial seguimiento ante las administraciones implicadas para que expresamente se reconozca en la normativa que fija anualmente los precios públicos esta causa concreta de exención.
La Secretaría de Estado de Universidades ha aceptado la recomendación asegurando que será efectiva en el curso 2019-2020.
Apoyo incondicional a las víctimas
Fernández Marugán ha reiterado su apoyo incondicional a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. Por este motivo, desde la Institución se presta especial atención a la defensa de los derechos de estas personas.
Así, por ejemplo, el Defensor, convencido de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”, ha abogado por un cambio legislativo en dos cuestiones. Ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas. Además, en su opinión, también es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.
