Lejos ya de la premura con la que redacté el artículo “La avalancha de ayer”, que se publicó en este diario el pasado viernes, vuelvo de nuevo a aquellos graves sucesos y redacto hoy estas líneas con la mirada puesta no solamente en este trocito de nuestra Patria que se llama Ceuta, sino también en el resto de España.
Creo sinceramente que el asalto –no el “salto”- sufrido en la frontera terrestre ceutí con Marruecos el pasado día 26 –festividad de Santa Ana- fue un acto intolerable, un auténtico ataque a nuestras leyes. Reconozco y respeto todos los derechos humanos, la necesidad o las guerras que empujan a muchos inmigrantes hacia Occidente, pero también, como abogado que ha ejercido la profesión durante sesenta años, recuerdo los preceptos que aquel día fueron flagrantemente violados utilizando la fuerza en un planeado ataque, como si se tratara de un ejército enemigo, que fue perpetrado por unos ochocientos inmigrantes, seiscientos dos de los cuales lograron entrar en España.
Aquellos que no lograron rebasar la primera valla o los que, habiendo quedado entre las dos, fueron rechazados en frontera en virtud de lo dispuesto al efecto en la Ley de Extranjería, han quedado fuera de la jurisdicción de nuestros tribunales, pero quienes lograron pasar deberían ser investigados al existir evidencias suficientes de la comisión no de uno, sino de varios delitos a los que podría corresponder la accesoria de expulsión del territorio nacional..
El día de Santa Ana fueron causados daños en propiedad ajena –del Estado, en este caso-, poniendo en peligro la integridad de las personas, delito previsto en el artículo 266 del Código Penal y castigado con pena de uno a tres años de prisión.
El día de Santa Ana se produjo una clara resistencia y desobediencia a la autoridad o sus agentes, que fueron acometidos violentamente cuando se hallaban en el ejercicio de sus funciones, delito previsto en los artículos 550 y siguientes del Código Penal y castigado con prisión de uno a cuatro años.
El día de Santa Ana fueron lesionados agentes de la autoridad, afortunadamente leves, según se ha publicado, infringiéndose el artículo 147.2 del Código Penal.
El día de Santa Ana se violó brutalmente la frontera ceutí de España, de forma que incluso podrían considerarse los hechos entre los previstos y penados en el artículo 544 del Código Penal como delito de sedición, sancionable con pena de hasta quince años de cárcel, al haberse producido un alzamiento público y tumultuario (esa es precisamente la palabra “ad hoc”) para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes e igualmente para impedir a cualquier funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones.
Todos, absolutamente todos los graves hechos sucedidos el día 26 de julio en la frontera ceutí de España con Marruecos son, “ab inicio”, infracciones de carácter público o, en los casos de lesiones, semipúblicos, es decir, perseguibles de oficio, en conjunto, por iniciativa judicial o a instancias del Ministerio Fiscal. La pregunta es, simplemente ¿Por qué no actúa la Justicia contra cuantos inmigrantes asaltaron violentamente la citada frontera, provistos de cizallas, ganchos metálicos, radiales, cal viva, bolas de excrementos, rudimentarios lanzallamas y cócteles molotov, piedras, palos y cualesquiera otros instrumentos premeditadamente elaborados al fin previsto, causando daños en las vallas, desobedeciendo, resistiendo, atacando y lesionando a Guardias civiles, es decir, a los agentes de la autoridad allí destacados para tratar de impedir cualquier intento de entrada de ilegales indocumentados en España?
Los hechos están grabados y son conocidos no solo en España, sino que han sido vistos en todo el mundo. Es más, supongo que existirá un informe policial al respecto. Repito: ¿Por qué no se persigue y castiga a los autores? En ninguna nación se extrañarían si así se hiciese. Es más, se extrañarán si no se hace. ¿Alguien puede creer que hechos como los descritos pasarían impunemente en cualquier otro país europeo?
Hay, por último, un extremo que, por lo que se ve y oye, desconocen los periodistas, comentaristas y tertulianos cuando tratan sobre este tama. En la Península y en los archipiélagos existen “Centros de Internamiento de Inmigrantes” (CIE), donde éstos permanecen internados, como indica la propia denominación, durante un periodo máximo de sesenta días (la UE ha pedido a España, sin éxito, que lo ampliase a seis meses o más) pasados los cuales, si no han sido expulsados del territorio nacional, quedan libres, pudiendo circular por toda España. Por el contrario, en los “Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes” (CETI) de Ceuta y de Melilla los residentes pueden salir y circular por la ciudad respectiva, eso sí, sin que se les permita viajar a la Península.
Se da el más que curioso caso de que el máximo castigo que se impone en un CETI a alguno de sus residentes es la expulsión del mismo, lo que equivale a poner en las calles, plazas y puertos de Ceuta o de Melilla a un inmigrante díscolo sin medios para comer o dormir. Se ha dicho alguna vez, y con razón, que a toda Ceuta y a toda Melilla las han convertido para los inmigrantes irregulares en grandes prisiones de las que no les es posible salir. Prueba de ello es que han llegado a manifestarse bastantes veces en protesta porque pasan hasta años antes de que se les dé el tan ansiado derecho de viajar a la Península.
Total, que aguardo con interés la noticia de que se han abierto diligencias relacionadas con los sucesos fronterizos del día de Santa Ana, onomástica de mi esposa.. Este violento asalto resulta intolerable y exige un duro escarmiento para que nunca más vuelva a suceder.
Y, de paso, que se detenga a Rajoy, el culpable de lo sucedido, según la Delegada del Gobierno.
