La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), perteneciente al Ministerio de Hacienda ha decidido impugnar una orden del Ministerio (O.M.HAP /1287/2015) ante los Tribunales, porque le obstaculiza el acceso a la información económico financiera precisa para su función
Como no puede ser asesorada, representada ni defendida por el Abogado del Estado al ser un litigio por un conflicto de intereses con el Estado, debe contratar Abogado y Procurador para su representación y defensa ante la Audiencia Nacional que será donde interponga el correspondiente recurso Contencioso- Administrativo. Y ello debido a, según la AIReF, extralimitación reglamentaria cuando no tiene facultades para hacerlo, vulneración de la autonomía e independencia de esa Institución y orden contrario al espíritu del Estatuto de la citada Autoridad. En mi dilatada vida como profesional de la Hacienda Pública jamás había visto nada igual, por este motivo me perdonarán hoy si además de algo insólito digo que me parece aberrante el haber llegado a tal situación.
En el momento de la creación de la citada Autoridad, surgido del compromiso plasmado en el “Memorandun of Understanding” sinónimo en inglés que significa lo que hay que cumplir obligatoriamente a modo de contrato y en este caso con el objeto de evitar el rescate financiero y recibir los fondos de BCE para salvar las Cajas de Ahorro, ya manifesté mi desacuerdo en la forma y en el fondo de lo que se hizo(“La innecesaria necesidad de la Autoridad Fiscal Independiente”, nº 140 de la revista “Economistas”) aunque supuso una oportunidad única para la creación de una verdadera Agencia Fiscal y de Control del Gasto Público que, de acuerdo con el artículo 135 de la CE, fuera capaz de ejercer el control necesario de los gastos y déficits de todas las Administraciones Públicas, siendo su objeto el de incrementar el control del gasto público, lo que es esencial en cualquier democracia occidental, por la exigencia firme de sus ciudadanos en conocer el destino de sus impuestos. Los gobiernos de estos países, en general, intentan mantener una leve capa de este tipo de control, para que la fachada del gobierno, pura escayola, parezca elaborada con piedra firme y sólida como el granito. Sin embargo solo hay que profundizar un poco bajo la superficie para saber hasta dónde llega la fe en los mecanismos de control del gasto público. Qué duda cabe que una gran importancia sobre la calidad del control la tiene la ciudadanía del país, cual sea el nivel de exigencia, a qué tipo de exigencias y responsabilidades han sido acostumbrados, la honradez de los políticos y en general la exigencia de la ciudadanía a los políticos. En Europa, la rendición de cuentas de los políticos difiere totalmente en países como Holanda o Finlandia a la de España, Francia o Italia.
En España, la no intervención de las administraciones incumplidoras del objetivo del déficit, la idea de que los déficits puedan ser distintos según las circunstancias, a la carta, la ausencia de exigencia ante el atraso en el pago a proveedores que no contentos con esa permisividad se financia con el Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas (FLA) y de nuevo recurriendo a la deuda pública como único maná, convierten a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en inservible, puro ornamento. La reforma del artículo 135 de la CE, hasta ahora ha devenido en letra estéril.
La Comisión Europea, debido a estos incumplimientos y con objeto de incrementar la eficacia del gasto público, la lucha contra el fraude y la economía sumergida “recomienda” la creación de esta “Autoridad” Así, sin ninguna convicción se creó este ente (15 de Noviembre de 2013) nada independiente realmente que emite informes , opiniones y estudios pero sin ningún poder coercitivo, para la “evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis den las previsiones económicas” por lo que la información económico financiera de las distintas administraciones públicas es clave para ese ejercicio.
La citada Autoridad no tiene los medios suficientes. En la actualidad dispone de 35 personas, para semejante tarea. Ahora además se queja ante el Ministerio de Hacienda, al que pertenece, de no tener el acceso directo a la información. Pero lleva ya dos años funcionando. Al parecer una demanda de mayor gratificación por productividad para su personal ha desencadenado el problema junto a una Orden del Ministro de encauzamiento de la información por parte del Ministerio. La Autoridad considera que uno de los órganos a los que debe controlar, el Ministerio de Hacienda, no le facilita la información con la debida transparencia debido a la nueva Orden del Ministro.
Y es que esta “Autoridad “como tal, nunca debió crearse: sin medios, sin la información adecuada, sin la independencia debida, y sin poder coercitivo es una institución estéril. O es que ¿ha dicho algo sobre la no contabilización de los 1300 millones de deuda no contabilizada de Cataluña, o de lo déficits excesivos de todas las Administraciones Públicas, o de la Deuda Pública que ya alcanza el 100% del PIB, o de los 52.000 millones de fondos del Estado para Cataluña que han servido entre otros para sufragar sus “catajadas”? ¿No ha existido irregularidad alguna en esos presupuestos? ¿Como han sido evaluados? Qué decir de la regla de gasto en la actualidad, cuando 7 de las 17 CC.AA incrementaron su gasto computable hasta el 2% cuando se había fijado en el 1,5% y cuyo cumplimiento hubiera reducido la deuda en 300.000 millones desde 2002. La entrega de otros 3.035 millones a Cataluña desembolsados en función de determinadas condiciones, ¿será objeto de “informe” por la AIReF?
En mi opinión, con un canal de información de la actividad económico financiera como el anterior o como el nuevo plasmado en la O.M, no creo que la AIReF sea útil para la ingente tarea que se avecina de acuerdo con la exigencia de los ciudadanos. Y esto independientemente de que el Ministro de Hacienda, como cualquier político, no desee ser controlado, no olvidemos que este Gobierno fue capaz de presentar un déficit distinto al existente en 2011 a Bruselas ocultando una parte del déficit autonómico y registrando como gasto autonómico las liquidaciones negativas del sistema de financiación territorial correspondiente a 2009.
Existía una gran oportunidad de crear un verdadero ente independiente fiscalizador del gasto público de todas las CC.AA con un verdadero poder sancionador en caso de incumplimiento pero por la desidia del Gobierno en su creación, se perdió en aras de un ente elaborador de informes, sin ningún poder coercitivo e integrado en la administración como un órgano más. Esa oportunidad se apoyaba en la Intervención General del Estado, que ya dispone de los medios y del personal adecuado en todo el territorio nacional, con objeto de crear una Agencia Fiscal y de Control del Gasto Público mediante ley orgánica que controlase el gasto público de todas las Administraciones Públicas, con un Presidente verdaderamente independiente, bien dependiente de la Comisión Europea, o en su caso si se considerarse que debería seguir siendo un órgano de control interno, con un Presidente con la misma categoría que el Fiscal General del Estado, elegido entre los componentes del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado entre los integrantes del último cuarto del escalafón y con más de 25 años de servicio, y por un periodo improrrogable de seis años. Esa Agencia, evitaría mediante el refuerzo del control previo, gran parte de los fraudes en la contratación pública, así como detectar la corrupción en los gestores mediante los controles financiero y de auditoría haciendo obligatorias sus “recomendaciones”, así como una intensificación en la exigencia de responsabilidades y en la obtención de resultados exigidos por el gobierno de la nación a los gestores, unido a la exigencia en el cumplimiento de los déficits presupuestarios mediante la aplicación de la ley de Estabilidad y con la presentación de todos los informes a la ciudadanía, una vez sustanciados, vía internet para profundizar en la transparencia.
Como no se hizo, ahora viene el primer absurdo, una impugnación aunque legal incomprensible, que servirá para poco. La creación de una verdadera Autoridad en forma de Agencia Fiscal debe esperar, mientras tanto si deseamos transparencia vayamos a la Real Fábrica de Cristal de La Granja.
