Me gustaría trasmitirles unas reflexiones que tienen su base en el programa con el que el Partido Popular se presentará a las próximas elecciones autonómicas en toda España y en la experiencia de una administración única en España como es la ceutí.
Las Administraciones Públicas sirven para que los ciudadanos puedan vivir como tales, para que la sociedad funcione adecuadamente y para contar con instrumentos y recursos que permitan a los individuos convivir de manera justa y segura. En situaciones complejas como los que estamos atravesando, algunas voces cuestionan nuestra implicación con lo público y la propia gestión de la Administración. Desde hace miles de años sabemos que las sociedades necesitan un entramado institucional que materialice las iniciativas de los gobernantes. Una sociedad sin Administración Pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos. Sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una tribu.
Yo afirmo con rotundidad que la Administración Pública es imprescindible y que debemos aspirar a la mejor posible. Se puede cuestionar su tamaño, su papel o su funcionamiento, pero no cabe duda de que no podemos vivir sin el sector público. Estoy convencido de que necesitamos una Administración Pública avanzada, eficiente, ágil y que solucione los problemas de los ciudadanos. Para lograrlo, es preciso que el sector público se transforme, se adapte y se convierta en un verdadero catalizador del desarrollo de ciudadanos, grupos, asociaciones y empresas.
Y para conseguir que el sector público se transforme y juegue el papel que le corresponde, se necesita voluntad política, visión y consenso. Debemos reclamar estos tres elementos a nuestros gobernantes futuros. Porque nada hay que influya más en el presente y en el futuro de un país que la salud de su Administración Pública y cómo la gestionan sus gobernantes. Que lo público funcione bien le interesa a los funcionarios y a los políticos, pero, sobre todo, al conjunto de los ciudadanos. Y en Ceuta, deberíamos ser más conscientes de esta realidad si cabe, que en el resto de España. La aportación del sector público a nuestro PIB es tan importante (rentas salariales, transferencias directas, inversiones públicas) que nos importa mucho que las Administraciones Públicas estén saneadas y sean sostenibles en el tiempo. Por eso estoy seguro de que los ceutíes jamás entregarán su confianza a las políticas socialistas. Saben que la izquierda política, derrochando y despilfarrando en nombre de “lo público” y en pos de un supuesto bien común, lleva al mismo sector público a la quiebra, y eso en Ceuta no nos lo podemos permitir.
Yo creo que debemos apostar por una transformación inteligente y con altura de miras de nuestras Administraciones. Sabemos que ya existen “experiencias de modernidad” que nos demuestran que el cambio es posible y que se está caminando por la senda adecuada. Es posible hacerlo. Porque, si seguimos como hasta ahora, las cuentas no salen: las demandas de los ciudadanos son legítimas y crecientes, pero los fondos públicos son limitados y no siempre pueden seguir aumentando. Mientras que colectivos sociales y ciudadanos piden más servicios o equipamientos, aumenta la resistencia a un incremento de la presión fiscal. Ante esta paradoja, se necesita cambiar la estructura administrativa para poder seguir asumiendo compromisos sociales sin llegar a bloquear el sistema.
Cuando los recursos escasean como en momentos de crisis, las Administraciones se ven obligadas a recortar gastos e inversiones, dado que también las finanzas públicas deben estar equilibradas. No obstante, cuando debido a esa crisis los ciudadanos no disponen de recursos suficientes para mantener su nivel de vida, cuando aumenta el paro o cuando algunos sectores se paralizan en seco, se recurre a la Administración y esta tiene que aumentar el gasto social. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Ceuta. Pero esto también tiene sus límites. La evolución social y demográfica impone nuevos hábitos, nuevos modos de vida y, como consecuencia, nuevos servicios públicos. Cobran importancia los asuntos relacionados con la sanidad, la dependencia o la asistencia a mayores, todos ellos son necesarios pero tienen un coste elevado que es preciso asumir de manera sostenible.
Cambia también el modelo de familia, pasando de un esquema tradicional a otros más diversos en los que las necesidades no son las mismas. Además de la demanda de prestaciones, las familias están dejando de ser la red de apoyos y asistencia que fueron para dejar paso a la Administración, quien está asumiendo tareas que hasta hace poco eran propias de familiares cercanos.
Esa Administración no puede prestar los servicios de la misma manera que antes porque la ciudadanía exige otro tipo de relación. Hoy se pide mayor agilidad en los trámites y más flexibilidad orgánica y funcional en todos los ámbitos en los que lo público interactúa con la ciudadanía. De manera legítima, los ciudadanos esperan que los servicios públicos funcionen correctamente, sin prestar mayor atención a si estos proceden de la Administración autonómica o central, porque, para ellos, lo realmente importante es satisfacer sus necesidades y hacer uso de los recursos comunes.
En este sentido, cabe recordar la importancia básica de colocar a los ciudadanos, léase a las personas, en el centro de la gestión pública. Por obvio que parezca, es preciso no olvidar que la administración “pertenece” a la sociedad, no a los gestores públicos, a los políticos o a grupos de interés ajenos a la voluntad de los ciudadanos. Nos jugamos mucho como Ciudad y como sociedad cohesionada si no afrontamos la transformación de la Administración Pública. No se trata de hacer cambios superficiales en una Consejería o en una Dirección General, sino de modificar de manera razonable y ordenada sus funciones, su desempeño y su relación con los ciudadanos.
En definitiva, no se trata sólo de reducir trabas administrativas o colas para gestionar un documento, sino de hacer de la Administración un agente económico y social más eficiente, más avanzado y más cercano a los ciudadanos. Es una trasformación nuclear para la sociedad actual y en ella debemos participar todos, tanto los que la gestionarán como los que la necesitamos para vivir en una sociedad democrática.
