La Sra. Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid, se permitió sugerir, hace unos días, que sería conveniente modular el derecho de manifestación, un derecho constitucional que no discutió, con el fin de evitar serios perjuicios a terceros. Según afirmó, en lo que va de año han tenido lugar dos mil setecientas manifestaciones en Madrid, prácticamente todas eligiendo un itinerario similar, siempre por el centro de la capital, con los consiguientes problemas para la circulación viaria y para los comercios y demás establecimientos abiertos al público en el sector afectado, así como para sus vecinos. Sector que, como antes indiqué, suele ser, más o menos, el mismo.
¿Para qué se le ocurrió abrir la boca a esta buena señora? Desde los partidos de izquierda y desde los sindicatos se han lanzado a degüello contra ella, tildándola de dictatorial y antidemocrática. Lo que parece querer la citada Delegada del Gobierno es que se reglamente la posibilidad de marcar un itinerario alternativo, o, como mucho, no autorizar actos que, con toda evidencia, acabarían en situaciones de enfrentamiento y desórdenes públicos, pero su idea ha caído más bien en saco roto, pues se ha interpretado como un intento torticero de acabar con un derecho constitucionalmente reconocido, y así le ha ido.
Hablando de manifestaciones, para hoy tenemos prevista en Ceuta una de ellas, convocada por la plataforma “Vamos, Cumbre Social”, bajo el slogan “Quieren arruinar el país, defendamos nuestro futuro”. No discuto en absoluto el hecho incontrovertible de que les asiste plenamente la ley para salir a la calle a protestar, porque los tiempos son lo bastante ingratos. Pero creo que el slogan, en su primera parte, no es el más apropiado. Ni este Gobierno, y ni siquiera el anterior, han actuado con el deseo de arruinar a España. En honor a la verdad, debería reconocerse que nuestra Nación ya estaba al borde de la ruina a finales de 2011. A estas alturas es algo comúnmente aceptado que la crisis general se originó por factores de carácter financiero, aunque en España se agravó de modo agudo ante la postura irreflexiva de Zapatero, que no quiso ver lo que se nos venía encima. Fue aquel el Gobierno del “hay dinero para todo” y “el dinero público no es de nadie”, de los 400 ?, de las subvenciones excesivas, del gasto sin control y, en definitiva, del déficit galopante, que ahora nos obliga a tener que pagar casi 40.000 millones de Euros al año solamente de intereses. Cierto es que a ello contribuyeron también, en menor medida, autonomías y Ayuntamientos, contagiados por lo que podríamos denominar el “manirrotismo” gubernamental.
Pero ni Zapatero en esa época, ni ahora Rajoy, han actuado con el ánimo preconcebido de “arruinar al país”, El primero creyó que la fórmula adecuada era hacer oídos sordos a los “antipatriotas” que hablaban de crisis y gobernar alegremente, como si aquella no pudiera ni siquiera rozarnos. Y el segundo se ha encontrado con una patata caliente más gorda de lo que esperaba, lo que le obliga a hacer una política ingrata, no por gusto o por fastidiar, sino porque no hay dinero. Simple y llanamente. En democracia, a ningún gobernante le agrada adoptar medidas impopulares, y, si lo hace, es sencillamente porque no le queda más remedio.
Así es que, en puridad, a nadie se le puede acusar de pretender de modo voluntario arruinar el país. Lo malo es que, con la política desacertada y poco sensata de los últimos años, ya quedó casi en la ruina. Es, ni más ni menos, eso tan repetido de la “herencia”, que tanto molesta a algunos.
En cuanto a lo de defender nuestro futuro, totalmente de acuerdo, aunque, por desgracia, no haya consenso sobre cómo hacerlo.
