El Gobierno ha hecho una reforma laboral pensando en los ciudadanos. La mayoría de ciudadanos quiere poder tener trabajo y esta reforma laboral está encaminada a la creación de empleo. Es sorprendente que los abanderados de las manifestaciones sean los mismos responsables de la destrucción de empleo. Algunos de los que protagonizaron las manifestaciones son los mismos que hace nada estaban en el Gobierno que ha dejado cinco millones de parados.
El Gobierno debe gobernar con responsabilidad. El Gobierno aprobó la reforma laboral después de que sindicatos y patronal fracasaran en su intento de llegar a un acuerdo. El Gobierno ha legislado donde no hubo acuerdo por responsabilidad y compromiso con los más de cinco millones de parados.
El Gobierno está dispuesto a oír las propuestas de los sindicatos. Con el trámite parlamentario de la reforma laboral empieza el tiempo de la responsabilidad, de la negociación y de las propuestas concretas. Los sindicatos se han movilizado antes de explicar sus propias propuestas.
La garantía de las libertades ciudadanas es el respeto a la legalidad y su ejercicio responsable. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse con responsabilidad y respeto al orden público que garantiza la libertad de todos. Las manifestaciones en Valencia han sido ocasión para que algunos cometiesen delitos tipificados en el Código Penal, como la desobediencia, la resistencia o atentado contra la autoridad. La mayoría de los detenidos por esos delitos no son menores de edad. Las fuerzas de seguridad del Estado no han recibido más instrucciones que asegurar la libertad de todos los ciudadanos haciendo cumplir la ley. Durante el ejercicio de sus funciones 18 policías han sido lesionados por algunos manifestantes. Si algún agente hubiera cometido alguna acción ilegal será sometido a la jurisdicción administrativa y/o judicial. El Partido Popular pide a los líderes políticos responsabilidad para no alentar comportamientos delictivos entre los manifestantes. Resulta irresponsable que la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español no distinga las manifestaciones legítimas de los comportamientos delictivos. El respeto a las manifestaciones legales no impide hacer ver su instrumentación política por algunos partidos. La Generalitat no ha recortado en Educación: los únicos ajustes realizados han afectado a los complementos de los sexenios de algunos profesores, lo que no afecta ni a los alumnos ni a la calidad de la enseñanza pública. Hemos visto estos días cómo detrás de las protestas están los partidos de la oposición al gobierno de la Generalitat Valenciana.
El Gobierno protege a los que menos tienen con reformas para reducir los desahucios. El ministerio de Economía y Competitividad propone medidas legales y un “código de buenas prácticas” bancarias para reducir los desahucios. El código marcará unas líneas de actuación a las entidades bancarias desde la responsabilidad y el buen gobierno.
No será vinculante, pero el Gobierno publicará los nombres de las entidades que se adhieran a sus medidas.
Las familias sin ingresos tendrán la posibilidad de saldar su deuda hipotecaria con la entrega de su vivienda. El Gobierno abre la puerta a la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro y con ingresos insuficientes para pagar su hipoteca. Estas familias, en el “umbral de la exclusión”, superan el medio millón en nuestro país. El Gobierno contempla aplazar dos años el desalojo de estas familias, como tiempo prudencial. Este período se podría prorrogar mediante el pago de una renta "justa y aceptable" a la entidad prestamista. Los desahucios sólo afectarían, además, a la primera vivienda. El Gobierno establecerá medidas de prevención para evitar situaciones de abuso o fraude.
El Gobierno propone medidas preventivas para evitar casos extremos y abusos. Que los bancos asuman parte de la carga de la deuda cuando la vivienda no cubra el valor del préstamo provocada por una incorrecta tasación oficial. Que el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al pago de los intereses bancarios después del desahucio. Mejorar los procedimientos de ejecución hipotecaria para reducir la deuda contraída de las familias desahuciadas. Potenciar las ejecuciones extrajudiciales, ante notario, para conseguir el precio máximo posible de venta antes de llegar a un procedimiento judicial.
El Gobierno aliviará los intereses hipotecarios de las familias que no puedan pagar sus deudas. El Gobierno quiere reducir los intereses moratorios de estas familias en el umbral de la exclusión en caso de que no puedan pagarlos. Los bancos podrán desgravarse las pérdidas en las que incurran por poner en marcha estas medidas. El Gobierno pone las bases para que muchas familias que sufren situaciones dramáticas puedan empezar a levantarse. En 2011 se ejecutaron más de 50.000 desahucios en nuestro país. Aunque hayan perdido su casa, estas familias continúan engrosando una deuda que no pueden pagar. Esta carga vitalicia provoca que actualmente millones de ciudadanos no puedan salir adelante y empezar de nuevo.
