El enfrentamiento de la comunidad internacional contra el régimen libio de Gadafi durante los últimos días ha evocado los recuerdos “non gratos” de la guerra de Irak. Las comparaciones entre ambos conflictos son tan “non gratas” e incoherentes como el estúpido hecho de rememorar la eclosión de la desastrosa pugna en territorio asiático impulsada por Bush y sus aliados. Seamos razonables: cualquier semejanza directa que quiera establecerse entre el conflicto iraquí del año 2003 y el libio que se desarrolla en estos momentos es absurda.
En primer lugar la atención ha de centrarse en la legalidad de los conflictos, un vértice que la gran mayoría cubre sosteniendo la idea de que las guerras son guerras y, por tanto, su legalidad pertenece a un ámbito poco coherente con la naturaleza del propio conflicto bélico. Y ciertamente este es un pensamiento acertado en relación con el mundo del siglo III, X o XVIII, pero en absoluto con el actual. En otras palabras: no es congruente equiparar la institucionalización de las relaciones internacionales y su consolidación legal en el siglo XVIII (prácticamente inexistente) con respecto al amasijo que sustenta los tiempos que corren. Actualmente se debe tener presente que la legalidad de una acción bélica responde al consenso de las naciones más importantes del planeta (aunque algunas de ellas no quieran dar un paso más adelante y se impliquen directamente); por tanto su importancia no responde al estricto significado de la palabra “legal”, sino a su significación práctica, que no es otra que un acuerdo nacido del reconocimiento de la validez por parte de las naciones de las pruebas y/o argumentos utilizados para justificar una intervención bélica.
En segundo lugar, el humanístico y magnánimo objetivo del conflicto en Libia, aun resultando poco creíble, es factible dada la situación que se está desarrollando; en el caso de Irak no sólo el tiempo ha descubierto la falsedad de las pruebas presentadas por los Estados Unidos, sino que, asimismo, ha derribado la principal razón de la intervención: la cuestión de las armas de destrucción masiva. En el caso de Libia, el estallido de prolegómenos que conducían a una guerra civil ha sido reconocido incluso por el propio gobierno de Gadafi, quien no ha ocultado en ningún momento que su objetivo principal era el de reducir a los rebeldes. Esta situación, expuesta con la retorcida retórica que a menudo acompaña a las intervenciones prebélicas en la ONU, es suficiente para granjear la legalidad de los primeros movimientos ofensivos sobre el cielo libio a pesar de que los fines auténticos parezcan ser otros sustancialmente diferentes. Las previsibles amenazas del adinerado líder a los occidentales, lejos de desoxigenar a los aliados, refuerzan su decisión.
El único punto en común (relevante) que tienen ambos conflictos es aquel que hace referencia a los intereses económicos existentes en la zona. Mientras que en el caso de Irak las explotaciones petrolíferas no eran desdeñables, las vicisitudes en Libia hacen tambalear la estabilidad económica de los países occidentales, en buena parte dependientes del flujo de crudo libio. Cuestiones que a pesar de sus diferencias en las formas convergen en el mismo cuadrante.
En definitiva, durante estos días se ha procurado comparar una guerra ilegal (no consensuada) que buscaba un objetivo sin fundamento ni pruebas auténticas que lo respaldaran, con una guerra legal (consensuada) que busca inmovilizar la fiereza de un régimen para que no se propase más de lo debido con su población. Aunque el motivo real de esta última sea más económico que humanitario (pues muchos serían los problemas a resolver a lo largo y ancho del globo si se pretende la utópica lucha por los derechos humanos y la liberación de los pueblos tiranizados), la comunidad internacional ha sabido priorizar un objetivo fácilmente identificable y contrastable para justificar el exhaustivo control de un país. Esta diferencia, pese a que pueda ser meramente formal, hace incompatible cualquier comparación que estribe en toda cosa que no tenga relación con la rentabilidad económica.
