Si el Día de Ceuta tuviera algún significado político, se dedicaría a promover una reflexión colectiva sobre el paro, que debería concluir con un gran pacto social por el empleo. El mercado laboral de nuestra ciudad atraviesa por una situación de extrema gravedad, cuyas consecuencias no se están sabiendo valorar en su justa medida. Si así fuera, la lucha contra el paro se habría convertido en la prioridad por antonomasia de la vida pública local en todos sus ámbitos. El fuerte impacto negativo sobre la autoestima de sus víctimas, el sentimiento de discriminación y marginación que genera, y los inevitables desgarros que provocan los estados de necesidad; están debilitando la cohesión grupal, ensanchando la fractura social e invitando a la subversión. Las consecuencias a medio y largo plazo son muy inquietantes. Sin embargo, Ceuta se ha caracterizado siempre por su proverbial miopía. Los problemas sólo se perciben cuando nos han atropellado y ya no tienen solución. Mientras tanto, prevalece la voz de los profetas de la “mano dura”, que todo lo arreglan repartiendo estacazos (como en los tiempos de las cavernas).
El problema, de enorme envergadura y difícil solución, se agrava y prolonga por la irresponsable actitud que está manteniendo el Gobierno de la Ciudad en esta materia. A pesar de los alambicados artilugios aritméticos utilizados por el Presidente para explicar a la ciudadanía que su política de empleo es impecable, y que nunca nadie ha hecho más por el empleo que su humilde persona, lo cierto es que las cifras son tan incuestionables como demoledoras. Cuando Vivas accedió a la presidencia había censados en Ceuta tres mil setecientos parados, hoy, son diez mil quinientos los demandantes de empleo registrados en el INEM (parados con carnet). A los que habrá que añadir los que no se apuntan por pereza o desconfianza. Un auténtico escándalo que, no obstante, no conmueve ni un ápice al Gobierno. Para ellos, la lucha contra el paro no figura en un lugar preferente de su agenda. La conciben como un mero deseo para cuya consecución no están dispuestos a hacer el más mínimo sacrificio. Así queda nítidamente reflejado en el documento político por excelencia, que son los Presupuestos Generales de la Ciudad (expresión cifrada de la voluntad política). El Gobierno de Ceuta (la Ciudad que, con más del treinta por ciento de la población activa en paro, encabeza esta clasificación en España), destina a la lucha contra el paro trescientos mil euros. A bombillas de colores, novecientos mil. Tres veces más. Toda una declaración de principios.
Hemos llegado a tocar fondo, porque Vivas es perfectamente consciente de que el paro no tiene para él ningún coste electoral (lo único que le importa). No le compensa hacer ningún esfuerzo porque tiene garantizada la mayoría absoluta. Ha conseguido encandilar a un amplio electorado de extracción acomodada, con empleo seguro y buenos sueldos que, no sólo no sancionan electoralmente el desempleo, sino que incluso lo aprueban ya que se concentra en sectores a los que desdeñan.
Lo más lamentable es que los secuestradores de las siglas socialistas, liderados por el ocupa de la Plaza de los Reyes, convalidan y defienden con entusiasmo esta política de desempleo. Entre las dos administraciones han forjado una férrea alianza para blindarse mutuamente, y diversificar y propagar masivamente la mentira, de modo que la opinión pública llegue a aceptar como una verdad inmutable que la lacra del paro en Ceuta, ni es tan grave ni tiene remedio. Este infame pacto explica que, henchidos de soberbia, hayan rechazado, una por una, todas las propuestas que se les han planteado desde diversos ángulos. Conviene dejar constancia de alguna de ellas. Porque aún admitiendo la complejidad de la situación, lo que también es evidente es que es posible hacer cosas para combatir el paro. Y no se hacen.
Una. El Gobierno ha anunciado un superávit presupuestario de más de siete millones de euros. Eso significa que, una vez cubiertos todos los gastos e inversiones previstos, se ha producido un exceso recaudatorio superior a mil trescientos millones de pesetas. Lo lógico sería invertirlos en empleo. Ampliando los programas existentes y creando otros nuevos con especial incidencia en la juventud. ¿Por qué se han negado?
Dos. Se les ha propuesto reformular la programación del Fondo Social Europeo para adaptarlo a este nuevo escenario, y concentrar los esfuerzos en lo sectores potencialmente generadores de empleo. En la actualidad, las ayudas que concede PROCESA (siempre a los mismos) no cumplen su finalidad, ya que no son determinantes para la ejecución de las inversiones. Se tratan, en realidad, de unos beneficios adicionales tramitados por la oficina amiga. No se debería seguir despilfarrando el dinero de esta manera.
Tres. Los Planes de Empleo están mal concebidos y peor gestionados. No puede cobrar más un trabajador de un plan de empleo que uno de hostelería (por ejemplo). Y la selección debe obedecer a criterios estrictamente sociales. Es la única forma de rentabilizar estos recursos, llevándolos donde realmente son necesarios. El criterio de la antigüedad, implantado obligatoriamente por el Delegado del Gobierno por simple comodidad, no garantiza en modo alguno que los beneficiarios seleccionados sean los más necesitados.
Cuatro. Se debería promover un acuerdo entre administración, sindicatos y empresarios que permitiera incluir en los Convenios Colectivos una regulación que favoreciera la contratación de la mano de obra local, y la erradicación total y definitiva de la técnica de la subcontratación fraudulenta. Un ejemplo puede ilustrar esta propuesta con suficiente claridad. Cuando son interpelados el Presidente o el Delegado del Gobierno sobre sus políticas de empleo, siempre contestan hablando se las inversiones en infraestructuras que ellos ejecutan. En la obra de la nueva prisión trabajan, actualmente, treinta trabajadores, de ellos, veintiocho son extranjeros (ecuatorianos y rumanos principalmente) y sólo dos de Ceuta. Sobran las palabras. Pero siguen tolerando estas prácticas, a pesar del daño que ocasionan al empleo local, porque no quieren perjudicar los intereses de sus amigos empresarios, que obtienen pingües beneficios a través de estos procedimientos.
Cinco. Las dos administraciones se niegan rotundamente a la creación de una unidad específica de inspección laboral para la persecución y sanción del empleo ilegal. Los trabajadores clandestinos, por miles, pululan a sus anchas ante la pasividad (cuando no colaboración) de la administración competente. En una Ciudad con el desempleo desbocado, no parece lógico que se exporten los puestos de trabajo que se crean por la vía de la impunidad ante la corrupción laboral. Pero así sucede, con la complicidad de las autoridades. Alegan que la inspección ya cuenta con medios suficientes. No cabe mayor desvergüenza.
Seis. Se le propuso que modificaran las tarifas del IPSI en una doble dirección. Rebajando los tipos de aquellos sectores más sensibles, para incentivar el consumo y mejorar la competitividad (combustible y comunicaciones entre otros); y bonificar el IPSI a las empresas que creen empleo. Ni una cosa ni la otra.
El Día de Ceuta volverá a ser el día de los políticos y no del pueblo. Embutidos en sus relucientes uniformes, y rodeados de una parafernalia vomitiva, repetirán por enésima vez un ritual tan tedioso como insustancial. Una incesante y reiterativa verborrea, repleta de lugares comunes y desgastadas muletillas, aderezará una frívola celebración de la que quedarán expresamente excluidos los parados.
