La reciente visita de una delegación de Frontex a Ceuta para conocer el trabajo que a pie de campo se realiza con motivo del desarrollo de la Operación Minerva ha venido marcada por el bochorno que, a buen juicio, se habrán llevado por lo ocurrido. La debida lucha contra la delincuencia transfronteriza compete no solo a la Policía Nacional sino también a la Guardia Civil.
La coordinación entre ambas fuerzas se presupone más allá de asuntos de índole personal. Agentes de ambos Cuerpos prestan sus servicios para obtener mejores resultados al igual que componentes extranjeros están trabajando codo con codo en los distintos puertos. Cualquier lectura intencionada que se lleve a cabo para intentar desplazar a los agentes de una u otra fuerza de seguridad no esconde más que intenciones alejadas del bien común que se les exige: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por eso sorprende la reacción visceral adoptada por algunos sindicatos policiales después del episodio protagonizado en el interior del despacho del jefe superior y de sobras conocido al existir vídeos y testigos de lo sucedido. Hablan de “invasión de competencias”, poniendo en evidencia el trabajo que desarrolla a pie de frontera la Benemérita y dejando en muy mal lugar la labor que se desempeña de cara al ciudadano. A las críticas sindicales de mayor o menor gusto se añaden declaraciones que, a todas luces, resultan inadmisibles, que no se pueden tolerar, que debieran haber provocado una reacción política inmediata. Un sindicato de la talla de la UFP no puede acusar a la Guardia Civil de invasión del despacho del jefe superior equiparando esto a los hechos ocurridos con el golpe de Estado de Tejero del 23F. Es una comparativa tan aberrante, de tanta gravedad, que no puede ser sostenida ni un minuto más. El sindicato está en todo su derecho de efectuar críticas pero nunca alcanzando tal grado de ataque a un Cuerpo como el que ha demostrado. Pero hay más. Porque si grave ha sido echar mano de una comparativa a la que podría dársele la vuelta con otros episodios históricos desagradables que han marcado al CNP -algo demasiado mezquino para que alguien lo haga-, resulta igual de inadmisible que mezclen en esto la tragedia del Tarajal y lo hagan, además, de forma equivocada, confundiendo no solo identidades de mandos sino también usando de modo bajuno e impropio de un sindicato asuntos que están judicializados y sobre los que, por cierto, ya han existido pronunciamientos iniciales.
Tras lo ocurrido en el despacho del jefe superior, las asociaciones de guardias civiles no efectuaron crítica alguna apostando porque este desplante se debía arreglar por los cauces internos. La sorpresa ha llegado de mano de algunos sindicatos policiales después de la difusión de un vídeo en el que, además de no tener nada que ver la Benemérita, carece de clandestinidad alguna, puesto que el enfrentamiento se produjo a la vista de todos los medios de comunicación que habían sido citados a acudir a la Jefatura. Era vox populi.
Lo sucedido es de tal gravedad que debería haber habido una reacción política inmediata. No ha sido así. Interior mira hacia otro lado a pesar de la revuelta y la Delegación del Gobierno, como ya viene siendo demasiado habitual, opta por esperar a que pase el temporal y esconde la cabeza para no tener que hablar ante los medios sobre tamaña revolución. Ni aunque una fuerza a la que supuestamente deba defender haya sido acusada de forma tan ruin refrescando recuerdos golpistas. Los silencios evidencian.