La Ciudad se ha vuelto a comprometer, de nuevo ante el Pleno, a no mirar hacia otro lado ante el daño tan grave que los vertidos provocados por una tubería de Cepsa dejaron en el litoral y en los fondos marinos de Ceuta hace unos meses.
El asunto fue de nuevo objeto de debate en el Pleno, en esta ocasión porque el PSOE pedía, como antes ya lo había hecho Caballas, una explicación de las razones por las que aún no se había abierto un expediente sancionador contra la empresa. Y a ese interrogante respondió el consejero de Medio Ambiente. Emilio Carreira recordó que hay un procedimiento judicial abierto y que hasta que el juzgado no decida si hay o no delito medioambiental, la administración no puede iniciar ningún procedimiento sancionador.
Y a eso es a lo que se comprometió el Gobierno, a que sea cual sea el dictamen judicial, la Ciudad no dejará pasar por alto nada de lo que ha ocurrido. Es más, la Ciudad Autónoma se personará como parte afectada en el proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 a raíz de la denuncia que la asociación Septem Nostra llevó hasta la Fiscalía, donde también la Ciudad ha entregado toda la documentación de la que dispone de los vertidos y sus consecuencias medioambientales. Pero esa iniciativa, que debió haber partido de la Ciudad, al final la llevó a cabo una entidad, que recordemos, está declarada de utilidad pública, y que sigue abanderando la defensa del medio ambiente en Ceuta.Pero es muy bueno que la administración se persone en el proceso judicial, no solo porque podrá acceder de primera mano a toda la documentación, sino porque refrenda de alguna manera su preocupación por el medio ambiente y por su apuesta por la defensa de la costa y de su entorno, afectados por un vertido del que todavía hoy seguimos sufriendo las consecuencias.
