El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, valoró ayer la privacidad del encuentro que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con los guardias civiles que están imputados en la causa seguida para esclarecer los sucesos del 6-F. Una privacidad enmarcada en el hecho de que fue el propio ministro el que pidió esa cita “discreta e íntima” para darles el respaldo del Gobierno a unos agentes “que estaban cumpiendo con la protección de las fronteras”, expuso el delegado durante su intervención en el programa La Voz del Faro, de Cope.
“Cuando hacemos las cosas no las hacemos con publicidad”, puntualizó González, quien quiso poner el foco de atención en las 16 familias que están detrás de los guardias, tanto de la Comandancia de Ceuta como de los GRS de Sevilla, que tuvieron que declarar en el juzgado de instrucción número 6 en calidad de imputados. González recordó que esos agentes que están ante un tribunal, cumplían “un deber sagrado como es la protección de las fronteras”; tarea encomendada por el Estado sea cual sea el color político del Gobierno y que no se quiso que el encuentro con el ministro de Interior fuera entendido como una forma de presión para el ámbito judicial. Eso sí, el delegado, a preguntas de los tertulianos de La Voz del Faro, sí mostró abiertamente su opinión defendiendo la “inocencia” de los agentes. González consideró que “la única salida” desde su punto de vista “personal y como delegado del Gobierno es el archivo de las diligencias abiertas”. Una apreciación sustentada en datos objetivos como el hecho de que las muertes se produjeran en Marruecos o que en los cinco cadáveres hallados en Ceuta no se encontraran restos de impactos de pelotas de goma tras sus autopsias.
