Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son donde se ha registrado más actividad de captación para el movimiento yihadista.
Por ello, se han reforzado en las últimas semanas las plantillas de los servicios de información, principalmente, como embrión del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) que el Gobierno quiere aprobar en breve.
El propio ministro de Interior tuvo la semana pasada varios encuentros en EEUU para mantener engrasados los contactos con las agencias de seguridad que más saben de Estado Islámico. Ha mantenido reuniones con los máximos responsables de la CIA, el FBI o la Secretaría de Seguridad Nacional.
De forma paralela, Exteriores e Interior han estrechado los lazos con los servicios de espionaje marroquíes en las últimas semanas. Más de 1.200 ciudadanos del país magrebí, muchos de ellos con fuertes vínculos en España, se han enrolado a las órdenes de Abu Bakr al Baghdadi, y han alcanzado incluso puestos de responsabilidad desde los que han amenazado a España a través de Internet.
Marruecos, al igual que España, se ha puesto las pilas para endurecer las medidas que adopta contra el yihadismo más radical buscando perseguir ya no solo a los que captan y envían a jóvenes a estos conflictos bélicos, sino también a los retornados.
