Hoy se cumple un año de una tragedia. De un accidente que marcó aquel sábado 27 de julio cuando una menor de solo 7 años murió atropellada en una zona considerada desde hace años como punto negro viario.
Se llamaba Jennifer y a su madre, aquel 27 de julio de 2013, se le prometieron muchas cosas. Entre ellas que se iba a buscar la manera de terminar con ese punto negro en el que no solo falleció su hija, sino que años atrás, muy cerca, también murió un hombre. La administración hizo lo de siempre: prometer. Lo grave es que la reacción posterior nunca llegó. Sobre el papel quedó un compromiso, el de levantar un puente o poner en marcha una alternativa que supusiera una mejora en esa seguridad. Después nada se ha hecho, se dejado, como siempre, que el paso del tiempo ayude a olvidar lo que hace 365 días dio forma a titulares de prensa y espacios en los informativos.
Es prioritario que hoy recordemos lo que pasó. Es lo menos que se puede hacer por intentar aliviar la pena de una familia a la que arrebataron a su hija en un episodio trágico y que aún espera que esas medidas de seguridad anunciadas sean realidad.
Las administraciones deben aprender algo tan básico como es el respeto al ciudadano. No pueden hacerse a la ligera promesas que no se cumplen, no puede buscarse la calma en el momento del impacto difundiendo que se va a actuar si al final nada se va a hacer.
Y esto, desgraciadamente, es lo que ha sucedido en Miramar Bajo. Quienes son residentes en la zona saben bien a lo que se enfrentan cada vez que cruzan por este paso de cebra. Nadie respeta la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Son pocos los que paran ante un paso de cebra que parece difuminarse y que ni tan siquiera se cumple cuando hay ciudadanos apostados a uno y otro lado para cruzar.
El compromiso adquirido debía haberse llevado a efecto, al menos por responsabilidad moral hacia una madre a la que se le prometió actuaciones, a la que se le intentó calmar diciéndole que habría mejoras además de otras atenciones personales que nunca llegaron.
365 días después de aquel trágico 27 de julio de 2013 solo queda confiar en que algo cambie, en que la sensibilización tenga su efecto, en que haya dinero, como lo hay para otros gastos, para erradicar la inseguridad en la zona.
