Aún a costa de dar, otra vez, munición dialéctica a la oposición, el Gobierno local y el Grupo Parlamentario Popular decidieron ayer rectificar y optar por la solución más “prudente”.
De la propuesta que defendió la consejera accidental de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Susana Román, relativa a la aprobación definitiva de la primera modificación de créditos del Presupuesto General de la Ciudad de 2014 se cayó todo lo relacionado con la GIUCE.
En buena lógica, el segundo Pleno extraordinario convocado para la jornada de ayer, en el que se iba a debatir una propuesta de la también consejera de Fomento para dar luz verde inicial a la disolución de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta quedó anulado.
La jornada parlamentaria en el Salón de Plenos parecía que sería rápida y poco agitada. Se trataba, podía preverse, de cumplimentar un trámite: adaptar el Presupuesto al escenario derivado de otra rectificación, la que sirvió para dar marcha atrás en el proceso de reestructuración del sector público empresarial que iba a integrar en distintos organismos autónomos bajo la denominación de Servicios Regionales a las sociedades municipales.
La liebre la hizo saltar el diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui, que en su primera intervención alertó de que el paso que se iba a dar generaría “graves problemas” prácticos: iba a dejar sin cobertura presupuestaria la obra de La Marina (hoy se celebrará otra Mesa de Contratación para ver si se adjudica definitivamente) y podía complicar el pago de las nóminas de los trabajadores de la GIUCE que han regresado al Ayuntamiento, a Acemsa o a Servicios Turísticos.
Román dibujó, en principio, una oposición frontal al argumentario de Aróstegui, que fue sometido por Vivas a la prueba del algodón ante el interventor. Caminero, un tanto dubitativo, dijo que lo que se planeaba aprobar no era lo más “ortodoxo”, aunque seguramente sí legal y viable.
El presidente optó, entonces, por poner pie en pared y apostar por la vía “más ortodoxa”, la que finalmente triunfó, la de paralizarlo todo hasta que la obra de La Marina esté definitivamente adjudicada y contratada, momento en el que la Ciudad asumirá todos los deberes y derechos de la GIUCE. Para llegar a ese punto culminante hubo, sin embargo, diferentes elucubraciones y opiniones políticas y técnicas que concluyeron tras un receso de media hora para recopilar argumentos sólidos.
Cuando se retomó la Sesión Plenaria y se conoció el final que tendría el debate Carracao aprovechó la rectificación para cargar con dureza contra el Gobierno por corregir su postura, apreciación que fue rechazada con dureza por Vivas, que afeó al socialista creerse “perfecto” y estar preparado para zurrar al PP “haga lo que haga, rectifique o no, siempre”.
Aróstegui también reprochó a los Populares no haber avisado al primer grupo de la oposición de que el trámite se iba a utilizar para “otras cosas” al margen de la anulación de la reforma del sector público periférico y subrayó que “lo primero que se tendría que haber hecho en el Presupuesto es cubrir los millones de euros que ya hay en facturas sin consignación presupuestaria en esta Administración”.
Vivas y Román aseguraron que no hay más que algunos recibos que se pagan con dos meses de retraso e insistieron en que la salud económica de la Ciudad Autónoma y su “solvencia” es hoy mucho mayor que antes de aprobar el Plan de Ajuste y mucho mejor incluso de lo que se podía prever entonces.