El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, negó ayer que vayan a pedir perdón por el ‘caso Urbaser’, tal y como solicitó Caballas en la presentación de sus conclusiones después de la comisión de investigación. Lo que sí confirmó es que su Ejecutivo estará “vigilante” en el cumplimiento de los contratos para que redunde su aplicación en beneficio de los ciudadanos.
Destacó que el Gobierno está instalado en la humildad y que está dispuesto a “mejorar lo que sea perfeccionable, aunque no podemos reconocer ninguna culpa porque lo pida la oposición y menos de manera injustificada”. Insistió en que con el ‘caso Urbaser’ ha existido el intento de convertir una cuestión administrativa en un escándalo político y que se ha puesto en duda tanto la honorabilidad del Gobierno como su capacidad de gestión. Relacionado con la honorabilidad destacó que se ha pagado el precio que marcaba el contrato y que “ese precio estuvo auditado por decisión del Gobierno y que la conclusión fue que era concordante con el servicio y que el equilibrio económico financiero de la explotación estaba en su medida. Son estas dos cuestiones hechos objetivos”.
Luego volvió a hablar del problema de la sobreamortización, “el cual se detecta cuando el contrato se ha cumplido y a día de hoy todavía existen dudas de que se haya producido la citada sobreamortización, pero el Gobierno ha optado por el criterio técnico mayoritario, no unánime”. Niega que no haya existido control, “el cual siempre ha existido y se estuvo muy encima del mismo, tanto en relación sobre si la maquinaria era la que establecía encontrado como en el control del personal y en un momento determinado se impuso la obligación de presentar los TC1 y TC2”. Reconoce que al final todo es el intento de dañar la imagen del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
