{jaimage crop="TC" /}Desde que se decidió la creación de la comisión de investigación del ‘caso Urbaser’, Caballas centró todas sus peticiones en que por un lado acudiera el que fuera consejero en el Gobierno de Antonio Sampietro Jesús Simarro, que fue el que se encargó del primer contrato con Urbaser y además la propia empresa concesionaria. Sin embargo, ninguno de los dos han acudido a la cita y todo ello porque para el primer partido de la oposición el inicio de los problemas del contrato con Urbaser vino en su redacción, porque aseguran que el contrato no fue redactado por la Administración, la cual “se limitó a aceptar las condiciones impuestas por el adjudicatario. Esta decisión obedeció más a un interés particular que a una verdadera necesidad de la Ciudad”. Fue la primera de las conclusiones entregada por Caballas en el registro del Ayuntamiento después de la finalización de las comparecencias del 'caso Urbaser'.
Tanto Mohamed Alí como Juan Luis Aróstegui protagonizaron en la mañana de ayer una rueda de prensa donde señalaron que “Urbaser se hizo un traje a su medida porque fue ella la que redactó el contrato con el Ayuntamiento”. De ahí ponen como ejemplo el que se estableciera un 15 por ciento de beneficio industrial y gastos generales, “lo que supone que durante todo el tiempo del contrato han manejado veinticinco millones de euros en conceptos indeterminados y por tanto de difícil justificación”.
Además se quejan de que el contrato no establecía un procedimiento reglado para la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales, entre las que cabe destacar la sustitución del inmovilizado amortizado.
Entrando ya en las responsabilidades del Gobierno del presidente Vivas, para el primer partido de la oposición el principal problema ha estado en que el Ejecutivo sí disponía de un sistema de control de la prestación de los servicios, pero carecía por completo de un procedimiento regular y estable para comprobar si la empresa adjudicataria estaba cumpliendo con lo estipulado en el contrato. Y pusieron dos ejemplos concretos: que en diez años toda la maquinaria de Urbaser no pasó ningún tipo de revisión por parte del Parque Móvil, como establecía el contrato, o que no se comprobaba si las sustituciones de los trabajadores se hacía de manera correcta.
Otras de las acusaciones que también vertieron sobre el equipo de gobierno fue que el Ayuntamiento debía haber sabido el momento en que la maquinaria estaba amortizada y exigir el cambio de todo el material.
Recordaron que se mantenían en la postura que ya señalaron en la primera ocasión, cuando saltó este tema a la opinión pública, en el sentido de que para ellos no existía ningún tipo de malversación de fondos y por tanto no había ilícito penal, lo cual no quita para que desde su punto de vista se solicitaran responsabilidades políticas, “pero a estas alturas, con tantos consejeros que han pasado y algunos de ellos ya no están en la vida pública resulta difícil”. Lo que sí esperan es que por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma se haga un ejercicio serio de reflexión y se reconozca que su comportamiento ha causado un prejuicio a la Ciudad.
En otro orden de cosas pusieron el pero al tema de la comisión de investigación, en cuanto a que al no ser Ceuta una comunidad autónoma, no existe obligación por parte de las personas que han sido citadas a comparecer, a acudir, “de manera que se impide que se puedan obtener testimonios de interés que podrían explicar las cuestiones fundamentales que no están suficientemente claras en el expediente”.
Además, aludieron a que el pliego de condiciones que ahora mismo existe con la actual empresa concesionaria de la limpieza, Trace, se está incumpliendo “y se está cayendo en los mismos errores que con Urbaser, dado que estamos esperando a que el Gobierno abra el oportuno expediente por el retraso en la incorporación de los medios mecánicos que aparecían en el pliego de condiciones”. Se les dijo que el portavoz había mencionado que la empresa había solicitado una prórroga de tres meses y en este caso Aróstegui sentenció que esa solicitud no tenía ningún valor legal, “dado que lo normal es abrir un expediente, escuchar a todas las partes y luego resolver”.
