Que un juez dictamine quien lleva la razón, si la Ciudad o la Delegación del Gobierno es la opción más lógica y también la más “civilizada” para resolver la cuestión de si es lícito o no dotar de los suministros básicos, como el agua o la luz, a las viviendas ilegales, y que no pueden regularizarse al menos de momento, pero siempre y cuando reúnan condiciones de habitabilidad refutadas por técnicos. Asi lo considera el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, después de que el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, haya anunciado abiertamente que la Abogacía del Estado recurrirá la ordenanza que regula las cédulas de habitabilidad, y más concretamente el artículo 15.
Para el presidente de la Ciudad, no hay discrepancias en este sentido entre las dos administraciones, al menos desde el punto de vista político. Otra cosa es lo que digan los técnicos. En su opinión, hay una “coincidiencia plena” con la Delegación en cuanto a la disciplina urbanística y la necesidad de erradicar las viviendas ilegales, “porque ese es un objetivo que todos compartimos y todos estamos de acuertdo en que hay que intensificar los esfuerzos en disciplina urbanística”.
Entiende que este planteamiento no choca con el hecho de que los técnicos de las administraciones central y autonómica tengan pareceres distintos en torno a la conveniencia de que los inquilinos de determinadas viviendas puedan contratar con normalidad los servicios básicos. “Lo que hay es una disparidad de criterios técnicos entre los servicios jurídicos de la Ciudad y de la Delegación del Gobierno y la manera civilizada de solventarla es a través de un contencioso administrativo y que sean los tribunales los que decidan”, apuntó empleando términos casi idénticos de los que ya hizo uso el delegado del Gobierno un día antes cuando fue preguntado por esta misma cuestión.
“En el ámbito político no existen diferencias porque todos coincidimos en que necesitamos una disciplina urbanística eficaz, pero al mismo tiempo hay que atender también unas necesidades sociales”, añadió. Para Vivas, es lógico que la Delegación haya decidido que el próximo paso es la presentación de un recurso, “porque si los técnicos opinan de manera distinta lo razonable es que la Delegación secunde la posición de sus servicios jurídicos y la Ciudad apoye a los suyos”.
Esta ordenanza está aprobada definitivamente desde el mes de julio, aunque de momento sigue pendiente de su entrada en vigor. La Delegación puede pedir cautelarmente su suspensión al juez.
