El Gobierno central que preside Mariano Rajoy ha alegado que los “obstáculos administrativos” para los solicitantes de asilo que, según denunciará este mes el Relator Especial de la ONU sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se encontró Mutuma Ruteere durante su visita a Ceuta y Melilla en enero,
se deben a “la situación excepcional de estas dos ciudades con respecto a la normativa de Schengen”.
El Ejecutivo de la Nación “reconoce” en sus alegaciones al informe sobre su paso por España elaborado por el keniano, dictamen que todavía no se ha hecho público, que su “interpretación” del asunto “ha sido cuestionada en varias decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”, pero defiende su doctrina.
“Las solicitudes de asilo no han sido afectados por los recortes presupuestarios, al contrario de lo que se parece dar a entender y, a pesar de las limitaciones administrativas, los procedimientos se han mejorado en forma y contenido”, defiende la Administración General del Estado.
Según su respuesta a Ruteere, “las directrices y buenas prácticas de la Oficina de Asilo ya tienen en cuenta la perspectiva de género, como se recomienda, y las entrevistas se llevan a cabo, siempre que es posible, por una persona del mismo sexo que el solicitante de asilo, en particular en los casos de violencia de género”.
Además, España recuerda que el procedimiento por razones de género se incluyó explícitamente como criterio en la Ley de Asilo 12/2009 y que actualmente “alrededor del 20%” de las peticiones de asilo están basadas “en motivos de género”.
“Todos los derechos de los solicitantes de asilo están plenamente garantizados, en particular el derecho a ser documentado como solicitante de protección internacional, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y la interpretación, el derecho a comunicar la solicitud a la ACNUR, el derecho a suspender cualquier cambio en trámite o procedimiento de extradición, el derecho a ser informado sobre el contenido del archivo en cualquier momento, a la asistencia sanitaria como se ha explicado anteriormente, y a la asistencia social específica según lo dispuesto por la ley”, completa.
“En cuanto a las denuncias de malos tratos a los migrantes indocumentados en Ceuta y Melilla”, replica el Gobierno de España, “deseamos expresar nuestro apoyo al trabajo que, a menudo en situaciones extremas y sensibles, llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que a su vez son con frecuencia objeto de agresiones, como el pasado 22 de abril en Melilla, con el resultado de 6 agentes de policía heridos”.
La Educación, “fundamental” en la lucha contra la discriminación
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que Mutuma Ruteere presentará su informe sobre España tras visitar, entre otras ciudades, Ceuta, Melilla y Madrid, inició su 23º periodo de sesiones la semana pasada en Ginebra. Durante sus reuniones, que se extenderán hasta el próximo 14 de junio, se abordará una amplia gama de temas relevantes de Derechos Humanos, incluyendo las situaciones en más de 50 países y unos 40 temas específicos entre los más de 100 informes que se presentarán. Además del relativo a España, el keniano dará cuenta en otro dictamen de su paso por Bolivia. En términos generales, el Relator subrayará ante el Consejo que “el reconocimiento y la realización de la Educación como un derecho humano es fundamental para hacer efectivo su papel en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
